A pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México citó a declarar al alcalde de Apaxco, Daniel Parra Ángeles, por el presunto robo de combustible denunciado en ese municipio, el funcionario no se presentó para colaborar con las autoridades.
El oficio que fue girado por la autoridad mexiquense tenía como fin que el mandatario aclarara las agresiones y amenazas que han sufridos los distribuidores de gas LP en ese territorio, por parte de grupos delictivos que venden el combustible obtenido de manera ilícita, un hecho que también es investigado por la Fiscalía General de la República.
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Fue a través de los testimonios de las víctimas, quienes lo acusaron de hacer caso omiso a sus denuncias, que se libró el citatorio para que el alcalde se presentara.
Así operan "gasicholeros" en Apaxco
En las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre el llamado “gasicholeo”, que trata sobre organizaciones criminales que se dedican a la “ordeña” de pipas transportadoras del Gas LP o de ductos, se tiene identificada un red delictiva de por lo menos 50 participantes.
Después, el energético es vendido a un precio por debajo de lo establecido por la Secretaría de Energía, en espacios que son inseguros y que se han convertido en un riesgo para la población, detalla uno de los afectados en su testimonio asentado en la querella.
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Al respecto, el abogado de los empleados gaseros, Sergio Lagunas, detalló que “ya sabemos que la Fiscalía del Estado lo investiga, eso le ha causado mucha preocupación y anda con miedo, pero eso no es suficiente, se debe indagar a fondo, para saber qué tan grave es el problema y sobre todo, hasta dónde está metido él (el alcalde de Apaxco) para darle tantos beneficios a los vendedores de gas de manera clandestina”.
Los afectados también han solicitado al gobierno del Estado de México la intervención de la Guardia Nacional en la zona.
La recomendación fue tomada en cuenta y no se descarta que en próximos días, las fuerza armadas ingresen a Apaxco con personal de la Secretaría de Energía para revisar los puntos de venta, donde se comercializa el combustible robado.
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