Por unanimidad, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen mediante el cual se decidió no ratificar a Horacio Cavazos López como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, por lo que terminará sus funciones el 28 de febrero.
El aún magistrado fue acusado por su esposa de haber abusado sexualmente de sus hijas. Si bien, los legisladores señalaron en el documento, el cual será votado hoy en el pleno, que Cavazos cumple con los requisitos, no fue así en cuanto al análisis de su honorabilidad.
Al respecto el morenista Eduardo Santillán, presidente de la comisión, consideró que no es facultad del Congreso de la Ciudad de México establecer responsabilidad penal, pero, afirmó que la investigación en contra de Cavazos López ha afectado su honorabilidad y buena fama.
Igualmente, se aprobó el dictamen para la no ratificación del magistrado Héctor Jiménez, de quien fue el mismo Consejo de la Judicatura capitalino el que propuso su no continuación en el cargo, después de que reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa como violencia familiar y lesiones, lo que permitió al exesposo de Abril López, Juan Carlos “N”, obtener la libertad condicional,
Ayer, dicha comisión sometió a votación siete dictámenes para igual número de magistrados que mañana terminan su periodo de gestión. Con base en las propuestas enviadas por el Consejo de la Judicatura de la CDMX, los diputados analizaron los perfiles y se decidió no ratificar a tres: los dos antes mencionados y a Rosa Laura Sánchez.
Además, otra de las propuestas está en riesgo de no ser aprobada en el pleno, la de Patricia Gudiño, pues en su respectivo dictamen, tuvo opinión dividida de ocho a favor y seis en contra. Los que sí fueron aprobados son los magistrados Jorge Guerrero, Rosalba Guerrero, Josefina Rosey González y Juan Saavedra.
Respecto al caso de Gudiño, la legisladora de Morena, Paula Soto, lanzó un llamado a tomar en cuenta que la magistrada, cuando compareció ante la comisión para su ratificación, emitió varias consideraciones respecto a la “mal llamada” alienación parental, conducta que Gudiño plantea castigar con sanciones penales.
“Ella siendo magistrada de lo familiar, aquí podríamos poner en contexto la gravedad de sus valoraciones, porque además éste es uno de los argumentos que más daño le ha hecho a las mujeres en los juicios por divorcio, incluso pensión alimenticia y patria potestad”, dijo.
