El Congreso de la Ciudad de México aprobó en el pleno la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, propuesta que envió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como parte de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres.
El dictamen, que contempla reformas al Código Penal, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de una Vida Libre de Violencia locales, fue aprobado ayer en lo general con 55 a favor, cero en contra y cero abstenciones. Y en lo particular, con reservas avaladas, con 47 a favor, cero en contra y tres abstenciones.
En torno a las medidas para garantizar cero violencia por razón de género, se especifica que este registro es un sistema de información de carácter público con datos de personas con sentencia ejecutoria de un juez penal, como fotografía, nombre, edad, alias y nacionalidad, así como señas particulares, modus operandi, perfil genético y hasta la zona en la que cometió los ilícitos. Podrán estar entre 10 y 30 años en la lista. De ninguna manera, se incluirán datos de las víctimas que hagan posible su localización.
“La inscripción sólo se cancelará cuando concluya el término respectivo o cuando sea ordenado por la autoridad jurisdiccional que corresponda, señalando el motivo”, se detalla en el artículo 80 de una de las leyes modificadas.
Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, Eduardo Santillán, declaró que esta reforma será un elemento fundamental para fortalecer la política de prevención de violencia hacia las mujeres.
Hizo hincapié en que los nombres de quienes aparecerán son aquéllos responsables por delitos de violación, feminicidio y trata de personas.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto, destacó que crear un Sistema de Información de Personas con Sentencia por Delitos de Naturaleza Sexual representa una herramienta de protección y prevención, con la que las víctimas podrán identificar a delincuentes y contribuir en la lucha contra la constante impunidad que aqueja a este tipo de procesos penales.
“A través del Registro Público de Agresores Sexuales será posible visibilizar de manera pública y detallada los actos de violencia sexual que se ejercen contra las mujeres y menores de la capital, brindando una atención más eficaz a las víctimas, en contraposición a la revictimización, intimidación y obstáculos legales que imperan en el Sistema Penal Mexicano”, afirmó.
En contraste, el perredista Jorge Gaviño alertó que pese al voto positivo de su bancada, el documento aprobado no es más que un parche al Código Penal, cuando lo que debió hacerse es todo un sistema que respalde este registro.
Al no atender todos los vértices de la problemática, esta ley no servirá de mucho para combatir realmente los feminicidios, por lo que se quedará en una propaganda política más, señaló.
Opinó que el dictamen se desapegó de la propuesta original de la mandataria capitalina, quien propuso un sistema completo, como los que operan en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Irlanda, Argentina, Australia, India, Sudáfrica y Nueva Zelanda
“Me hubiera gustado que, con tiempo, hubiéramos discutido un sistema para atender esta problemática, y no estar inventado de la noche a la mañana si no va a ser delito, si no va a ser pena, o si no va a ser medida de seguridad. Estar sobre las rodillas, preguntándole a los peritos en derecho, a los magistrados, qué es lo que más conviene para hacer este parche. Sí, efectivamente, quedaron muy mal las cosas”, afirmó.
En el mismo tenor, Miguel Ángel Salazar, del PRI, consideró que era “más protector, más amplio” crear una ley específica, con las obligaciones para las autoridades. Cabe mencionar que el legislador presentó una iniciativa para el registro de agresores.
“Desafortunadamente, la decisión de estas comisiones es modificar artículos de dos ordenamientos ya existentes, dejando muy corto el fin que se buscaba con estas iniciativas, como la que yo presenté”, puntualizó.
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