Los funcionarios públicos de la Ciudad de México que cometan actos de corrupción podrían tener sanciones más severas a las actuales si ocupan cargos de niveles jerárquicos altos y si tratan de evadir a la justicia; además, cualquier cosa que hayan obtenido por actos de esta índole les serían decomisados.
Lo anterior es una propuesta de la Jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum, la cual fue enviada al Congreso de la CDMX, para su análisis.
La propuesta busca reformar el Código Penal de la ciudad. Por un lado, define como “servidor público” a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública, en el Poder Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común y en los organismos constitucionales autónomos.
Las penas se incrementarán en un tercio cuando el delito de corrupción en cualquiera de sus modalidades sea cometido por servidores públicos que tengan el cargo de Director General, similar, de mayor jerarquía o aquellos que obtengan su cargo por voto popular o plurinominal.
En cualquiera de las modalidades del delito de corrupción, se decomisarán todos los objetos, productos e instrumentos del delito obtenidos
Si el servidor público en cuestión trata de evadir la justicia, se interrumpirá la prescripción del delito, es decir, no se eliminarán sus obligaciones legales con el tiempo.
En la exposición de motivos, la mandataria refiere que el estudio de la corrupción debe considerarse de alta prioridad, por el alto impacto que genera y la merma que implica en el ejercicio de la ciudadanía al derecho de la buena administración pública.
La propuesta, afirma, es en beneficio de las víctimas directas, de las instituciones y de la sociedad.
Los delitos de corrupción en CDMX son:
- Ejercicio ilegal y abandono del servicio público.
- Abuso de autoridad.
- Uso ilegal de la fuerza, de atribuciones y facultades.
- Intimidación.
- Tráfico de influencias.
- Colusión.
- Cohecho.
- Peculado.
- Enriquecimiento ilícito.
- Usurpación de funciones.
- Remuneración ilícita.
- Evasión de presos.
- Malversación de recursos o deuda pública.
