A pesar de que en la Constitución de la Ciudad de México se mandata que las autoridades adopten medidas para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, hasta la fecha, el Congreso local no ha legislado al respecto, aunque sí ha habido iniciativas que, al final, se quedan en el tintero.
Lo anterior cobra relevancia debido a que la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares revela que CDMX tiene la más alta proporción de reportes, lo cual coincide con los rastreos de colectivos y activistas.
En la Constitución local, el término “violencia obstétrica” aparece apenas una vez mencionado en un apartado del artículo 6, que a la letra dice: “las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica”.
Este año, en concordancia con la Constitución local, el diputado de Morena, Ricardo Fuentes, presentó una iniciativa en la que pretendía incorporar al catálogo de conceptos de la Ley de Salud la definición de violencia obstétrica como “toda acción u omisión ejercida por parte del personal médico o administrativo perteneciente al sistema de salud público o privado de la CDMX en la que se dañe o lastime física o psicológicamente a la mujer que está en proceso de tener un hijo”.
El objetivo, con la propuesta, era garantizar “la atención obstétrica humanizada, calificada, accesible y de calidad” y consideraba la incorporación de la medicina indígena tradicional y partería.
Sin embargo, apenas la semana pasada, la Comisión de Salud la desechó, con el argumento de que ya existen normas que establecen los cuidados para evitar la violencia obstétrica; aunque, en el documento no se menciona qué normas, qué lineamientos y qué disposiciones son las que establecen dichos cuidados.
El diputado de Morena explicó que la violencia obstétrica se da de manera muy simple, tanto que a veces es imperceptible por las víctimas y empieza desde que los procedimientos no son consultados y autorizados por la mamá, sobre todo en aquellos casos que implican cortes en la vagina para que salga más rápido el bebé.
“Esas cosas ya ni las preguntan, las toman como si fuera parte del procedimiento, porque muchas mujeres piensan que es normal, porque no van a cuestionar al médico y menos en un momento como ése”, indicó.
La iniciativa “parte de lo que viene en la Constitución local de que se tiene que legislar en la materia, hice consulta con amigas parteras, hemos trabajado mucho en reconocer a la partería como patrimonio cultural intangible y ellas son las que me comentan que, a pesar de las normas, sí hay violencia obstétrica”, agregó.
El legislador se dijo contrariado por la decisión que tomó la comisión dictaminadora, por lo que adelantó ya que ya solicitó el documento, con el fin de verificar que los argumentos del rechazo son sostenibles o, en su defecto, buscar la forma de darle continuidad al trabajo.
La diputada Alessandra Rojo de la Vega, del Partido Verde Ecologista de México, una de las impulsoras de reformas contra la violencia y el acoso en redes sociales, también presentó dos iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia obstétrica, aunque éstas no le dan un tratamiento directo. Una de ellas, lanzada el 27 de noviembre del año pasado, consiste en la creación de un Expediente Clínico Materno, que garantice a las mujeres una mejor atención clínica.
La propuesta sigue en comisión, en parte también por el retraso en algunos trabajos de ésta, con motivo de la pandemia, comentó la legisladora en entrevista. En caso de que no haya avances en la dictaminación, enviará una excitativa para meter presión y que pueda avanzar para que sea votada.
Rojo de la Vega consideró que es muy complicado legislar la violencia obstétrica desde leyes de salud o tratar de tipificarla como un delito, debido a que hay prácticas médicas de años y en las que interferir resultaría perjudicial para los trabajadores que atienden los partos.
En el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que se realiza como un instrumento interno para legislar a favor de este sector de la población, sí se aprobó un dictamen para modificar la Ley de Salud local, con el fin de combatir la violencia obstétrica.
En ese dictamen se pretendía que mujeres embarazadas y sus acompañantes recibieran información de corte psicoeducativo perinatal, para disminuir los factores de riesgo mediante el conocimiento de sus derechos y obligaciones. La propuesta no ha sido retomada por ningún legislador, por lo que sólo se quedó en el Parlamento de Mujeres.
Ante la falta de herramientas para que se castigue esta práctica común, la ONG No Más Violencia Obstétrica elaboró un formulario para que madres mexicanas, víctimas de violencia obstétrica documentaran sus casos. Hasta el momento, con base en ese acopio de testimonios, mujeres de Colima y CDMX son las que más acudieron a esta convocatoria.
- EL DATO. De acuerdo con la OMS, la violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada, al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente.