Durante la pandemia del Covid-19, hechos de violencia en familias capitalinas provocaron que 17 menores de 11 años fueran enviados al Centro de Estancia Transitoria para Niños, Niñas y Adolescentes, el albergue de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lugar que recibe los casos más graves, es decir, cuando la vida de los pequeños corre peligro en su propio hogar.
Esta cifra significa que de marzo a los primeros días de noviembre, en promedio, dos niños fueron llevados a esta estancia cada mes, la mayoría porque sus padres los maltrataron.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por La Razón, del 31 de marzo al 7 de noviembre, seis casos de canalización al albergue de la FGJCDMX tienen que ver con que los tutores cometieron “omisión de auxilio o de cuidado”, otros seis fueron por violencia familiar. Los cinco restantes por sustracción de menor, abandono, delitos contra la salud, retención y denuncia de hechos.
Cuatro de los menores albergados tienen un año o menos, el más pequeño tenía dos meses al momento de su ingreso. Otros cuatro oscilan entre los dos y los cinco años y el resto de siete a 11 años.
Persiste la idea vieja de educar a golpes, práctica constante en 63 por ciento de las familias mexicanas, con la idea de que los menores son propiedad, es decir, no hay un reconocimiento de ellos como personasJuan Manuel Pérez, Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
Enviar a niñas y niños a la Estancia Transitoria significa que se agotaron todos los recursos para resolver su situación en sus familias y que, por ende, no cuentan con más redes familiares que los protejan.
A raíz de la emergencia sanitaria, la FGJCDMX orientó a tener la menor cantidad de niños posible en este centro, para evitar riesgo de contagio, además de que en general, la actual administración cambió la política en la atención de las infancias, con el fin de que cada vez sean menos los menores retenidos.
Según datos de la dependencia, cuando empezó la contingencia, en la estancia temporal de la Fiscalía capitalina había cerca de 71 niños y niñas. Para junio, 50 de ellos fueron reinsertados en sus redes familiares y en ese momento quedaron entre tres y cuatro menores.
Además, de acuerdo con las cifras reportadas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en la solicitud de transparencia es notorio el aumento de ingresos con el paso de los meses en pandemia. Así, mientras en marzo y abril no se captó ninguno, en mayo ocurrió la primera de la contingencia, en junio canalizaron a dos y en julio ya fueron seis pequeños.
Agosto pasó sin ingresos al Centro de Estancia; septiembre y octubre, dos casos cada uno; y noviembre ya lleva cuatro menores internados, sólo en los primeros siete días del mes.
Juan Manuel Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló que así sea una sola institucionalización (remisión al albergue) de los menores, debe ser de atención para las autoridades, ya que, en los casos captados del 31 de marzo al 7 de noviembre, es evidente que persiste la violencia al interior de las familias, tendencia al alza desde antes de la actual contingencia sanitaria.
En entrevista para La Razón, comentó que persiste la idea vieja de educar a golpes, práctica constante en 63 por ciento de familias mexicanas, con la noción de que los menores son propiedad, es decir, no hay reconocimiento como personas.
“De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, el retiro de la familia tiene que ser la última opción. En el marco de la pandemia, hubo una doble problemática, porque los niños y niñas que están en la estancia temporal no tenían como opción el ingreso a otras instituciones que se dedican al cuidado de las infancias, entonces lo que hizo la Fiscalía fue enviarlos a la familia, digamos, extendida”, detalló.
Pérez García destacó la importancia de que los menores de edad no estén en el albergue de la Fiscalía, porque ahí se concientizan de que no tienen una familia que los apoye y al tener menos interacciones en un entorno normal presentan afectaciones en su sistema nervioso central, por lo que hace falta la orientación a de familias hacia la crianza sin violencia.
La respuesta institucional, además, debe ser más eficiente cuando hay denuncias vecinales o de los propios niños y niñas, lo cual no significa que los padres vayan a la cárcel de manera inmediata, sino capacitar antes de llegar a la vía jurisdiccional.
Los casos orientados al Centro de Estancia provienen de la Agencia 59, la cual atendió durante 2018 a 957 menores y en 2019 a mil 224. Dependerá del tipo penal si se envían o no al albergue, ya que en muchos de estos casos el menor sale con una medida cautelar o en función de un acuerdo reparatorio.
