En la Ciudad de México, durante los dos últimos años, se activaron 3 mil 496 alertas Amber, para la localización de menores de edad reportados como desaparecidos ante la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX). Esto significa que, en promedio, hay 5.08 alertas activadas cada día en la capital del país.
Si bien durante el último año hubo una disminución respecto a 2019, ésta fue de apenas 125, es decir 7.2 por ciento, por lo que la cifra de menores de 18 años perdidos se ha mantenido constante, tomando en cuenta, además, que más niñas, niños y adolescentes estuvieron más tiempo en casa este 2020, por la contingencia del Covid-19.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por La Razón, con número de folio 0313100182520, de las 3 mil 496 alertas, 3 mil 451 ya fueron desactivadas y 45 siguen activas.
Aunque al final la mayoría de los niños aparece, hay casos emblemáticos que conmocionaron a la CDMX y al país entero y que pusieron en entredicho la buena aplicación de la Alerta Amber, ya que una tardía activación de este mecanismo estuvo asociada con la muerte de 10 pequeños desde 2018, según la FGJCDMX.
El asesinato de la niña Fátima, el 15 de febrero de 2020, conmocionó a México. La menor, de apenas siete años, torturada y abusada sexualmente después de que una mujer que no era su madre la recogió en la escuela, dejó ver una cadena de negligencias en la investigación que partieron de una tardía activación de la Alerta Amber.
Desde el Gobierno de México tendrá que ser revisada (la Alerta Amber) y colocarla en su lugar, porque esto depende de las fiscalías, no tienen un criterio único y no corresponde el número de personas desaparecidas en el Registro Nacional con las alertas AmberJuan Manuel Pérez, Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
Este caso fue un parteaguas en el proceso por el que pasan las personas que buscan a un menor extraviado. Fátima desapareció el 11 de febrero, ese mismo día sus familiares reportaron su ausencia, pero la Alerta Amber no se activó hasta 24 horas después; el 12, tres días más tarde, fue hallada, sin vida y con una cruda huella de violencia.
Éste no ha sido el único expediente que evidencia fallas en la activación de la Alerta Amber que termina en tragedia. Los cuerpos desmembrados de los niños mazahuas Alan Yahir, de 12 años, y Héctor Efraín, de 14, fueron hallados en bolsas de plástico que trasladaba un supuesto miembro de una banda criminal, el pasado 31 de octubre, en el Centro Histórico de la CDMX. Los adolescentes desaparecieron el 27, pero sus familias tuvieron que esperar 48 horas para que la referida alerta comenzara a circular.
Desde 2013, la Alerta Amber ha sido una herramienta fundamental para el tratamiento de la búsqueda de menores de edad en México. Para su operación existe un protocolo que obliga al agente del Ministerio Público a iniciar una carpeta de investigación especial, solicitando inmediatamente y sin necesidad de que transcurra plazo alguno, la activación de la alerta, sólo basta tener conocimiento de la ausencia, extravío, sustracción, no localización o desaparición de cualquier niña, niño o adolescente.
Cada autoridad la aplica como quiere
Es importante aclarar que la Alerta Amber no es el protocolo con el que las autoridades buscan a los menores desaparecidos, sino que es parte de éste. Se trata de una herramienta para publicitar la ausencia. “El gran problema es que, al quedar su activación en (manos de) cada Fiscalía, éstas pueden actuar de manera discrecional y poco efectiva, lo cual fue advertido desde 2015 por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas”, recordó para La Razón Juan Manuel Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En el documento “Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México” se insta al país a “simplificar y armonizar en los estados los procedimientos para activar la Alerta Amber, que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecido sin demora”.
En ese sentido, el activista consideró que en los diferentes niveles de Gobierno no habido disposición para atender el tema; no obstante, tiene conocimiento de que la Comisión Nacional de Búsqueda ya trabaja en este tema, con base en la Ley Federal de Personas Desaparecidas.
“Desde el Gobierno de México tendrá que ser revisada y colocarla en su lugar, en su sitio, porque esto depende de las fiscalías estatales, que no tienen un criterio único”, dijo; además, advirtió que el número de personas desaparecidas en el Registro Nacional no corresponde con la base de datos de las alertas Amber”, por lo que urge una armonización, insistió en entrevista.
Debate legislativo, apagado
El asesinato de Fátima motivó en el Congreso de la Ciudad de México algunas propuestas a nivel de ley para fortalecer la búsqueda de menores de edad, con la Alerta Amber.
La primera fue del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, quien propuso el 18 de febrero una iniciativa con proyecto de decreto para reformar disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y del Código Penal capitalino.
El objetivo de esta iniciativa es elevar a rango de ley la Alerta Amber, señalar los elementos mínimos para su activación y la obligación de las autoridades para activarla de manera inmediata.
Para evitar omisiones por parte de funcionarios a cargo de la activación, promueve penas de dos a ocho años de prisión y de 100 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al servidor público que no solicite inmediatamente y sin necesidad de que transcurra plazo alguno, la activación de la Alerta.
El crimen de Fátima también motivó a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX a presentar su propia iniciativa. A diferencia de la planteada por el diputado morenista, ésta fundamenta un protocolo de investigación enfocado en casos relacionados con niños, niñas y adolescentes, promueve el uso de nuevas tecnologías y el vínculo de las autoridades de la Fiscalía con la Comisión de Búsqueda de Personas.
El Partido Encuentro Social, por otro lado, propuso modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que compañías telefónicas se comprometan a difundir las alertas Amber activadas.
El tema parecía ser relevante, dado lo fresco del caso Fátima, pero 10 meses después, fuentes del Congreso confirmaron a este medio que no hay avance en la dictaminación de ninguna propuesta, además porque se encuentran en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, una de las que tiene mayor rezago dada la cantidad de iniciativas que le incumben.
