La explosión de una pipa de gas LP en inmediaciones del mercado de Jamaica, que dejó al menos ocho heridos, cuatro niños entre ellos, reabrió el debate sobre la necesidad de ajustar las reglas de operación de empresas expendedoras de este combustible de uso doméstico, sobre todo cuando éstas reinciden en malas prácticas, lo que pone en peligro la vida de civiles.
Autoridades informaron que la pipa involucrada en el incidente ocurrido en la alcaldía Venustiano Carranza pertenece a la empresa Flamamex, un nombre que desde hace años aparece en las listas negras por incumplimientos de norma, malas prácticas y hasta corrupción.
En mayo de 2019, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la CDMX informó de la detención de tres vehículos de esta compañía, que vendían tanques de gas frente a una primaria. En aquel entonces, las unidades sólo fueron resguardadas por la misma empresa, sin alguna sanción específica.
Por esas mismas fechas, la distribuidora apareció en una lista del Gobierno de México de las gaseras que acaparan el mercado en la capital y el país y que tienen registros constantes de volcaduras de pipas, en las que hasta ese momento cobraron la vida de una persona.
Ayer, nuevamente Flamamex estuvo involucrada en un incidente, en esta ocasión evacuaron alrededor de 700 personas de una unidad habitacional marcada con el número 45 de la calle Guillermo Prieto y de predios aledaños.
Derivado del incendio, resultaron afectados cuatro locales del mercado de Jamaica y tres aledaños, tres casas y dos vehículos. Después de casi tres horas, alrededor de las 12:30, el incendio fue sofocado. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la CDMX, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y la alcaldía Venustiano Carranza, removieron escombros y realizaron labores de enfriamiento.
Hay muchos puntos de riesgo que deben ser verificados y las empresas deben estar perfectamente actualizadas en toda la normatividad y el protocoloJosé Luis Luege Tamargo, Presidente de Ciudad Posible
FALTA VIGILANCIA, NO REGLAS
Tras el suceso, el Gobierno de la CDMX anunció mesas de trabajo con la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, Pemex y Protección Civil, tanto a nivel federal como local.
También buscará a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para hacer una revisión de las empresas que suministran gas LP y de las unidades, dada la regularidad con la que ocurren este tipo de hechos.
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que la normatividad vigente es útil, pero lo que se requiere es vigilancia. Si bien los permisos de operación corren a cargo del Gobierno federal, se buscará colaborar en el reforzamiento de la seguridad.
“Hay normatividad, lo que se requiere es vigilancia en su operación. Principalmente es una atribución de la Federación, pero nosotros vamos a colaborar con ellos para evitar que no haya este tipo de incidentes en nuestra ciudad”, dijo.
En este punto coincidió José Luis Luege Tamargo, presidente de la asociación civil Ciudad Posible. En entrevista, dijo que el almacenamiento y la transportación de gas LP en pipas siempre supone un riesgo alto porque los vehículos pueden llevar hasta 20 mil litros y representa un peligro alto de explosividad.
Aunado a ello, apuntó, el tránsito del Valle de México hace que sea todavía más inseguro, porque las pipas se mueven entre calles llenas y en áreas concentradas.
“Hay muchos puntos de riesgo que deben ser muy bien verificados y las empresas deben estar perfectamente actualizadas en toda la normatividad y el protocolo”, precisó.
También existe el problema de empresas pirata que no tienen ningún tipo de supervisión por parte de la autoridad, porque no están registradas. Además, así como hay robo de ductos de gasolina, también hay robo de gas LP.
