Han pasado ya cinco meses desde que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para expedir la ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública de la capital del país; sin embargo, éste aún no ha sido presentado en el pleno que, por la pandemia de Covid-19, actualmente realiza sesiones virtuales.
La falta de regulación ha provocado conflictos como el ocurrido el pásado sábado 10 de abril en Bellas Artes, donde un grupo de comerciantes ambulantes se enfrentaron con mujeres que instalaron un bazar en lo que los vendedores consideran era su territorio.
A pesar de que el dictamen fue aprobado por la Comisión de Puntos constitucionales desde el 4 de noviembre del año pasado, no cuenta con la aprobación de los grupos de ambulantes liderados por la ahora procesada Diana Sánchez Barrios, quien es autora de una iniciativa presentada en septiembre de 2019 que sirvió como base para la elaboración del dictamen.
Además de que el Partido de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional lo han frenado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que no ha sido considerado como punto a tratar en las sesiones virtuales y todo apunta a que la discusión sea retomada al menos hasta que la Ciudad de México pase al semáforo amarillo de la Emergencia Sanitaria por Covid-19.
El legislativo local tuvo cerca de ocho iniciativas sobre el tema encabezadas por diputados de distintos partidos, como el PAN, PES, PRD y Morena; incluso, una de las propuestas se entregó en 2018, en los primero días de la primera legislatura del Congreso local por parte del entonces Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez.
No obstante, el dictamen se elaboró con base en dos iniciativas ciudadanas, una de ellas presentada, con carácter preferente, por Diana Sánchez Barrios, y otra por la diputada federal María de Jesús Rosete Sánchez.
La propuesta aprobada el año pasado establece una serie de derechos que podrán tener los trabajadores no asalariados, que agrupan a los ambulantes, locatarios de mercados públicos, productores de artesanías y actividades similares.
Entre estos beneficios, establece la posibilidad de incorporarse a la seguridad social, acceso a los programas de crédito de vivienda, así como a apoyos sociales “en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, declarada por la autoridad de la Ciudad, por el tiempo que dure la pandemia”.
Mientras que en lo referente a las obligaciones de los comerciantes, se busca tener un padrón y para ello las asociaciones de vendedores deben constituirse formalmente ante un notario público. Los ambulantes deben estar al corriente y cumplir con las obligaciones fiscales que correspondan al ejercicio de su actividad.
No se les permitirá vender alcohol, ni cohetes; tampoco podrán usar enseres que obstaculicen el paso de peatones o de autos, al tratarse de avenidas o calles. Y señala que, en cuanto a la ubicación del comercio, se procurará que no sea en zonas eminentemente habitacionales.
Consultado al respecto, Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso, consideró que es urgente la aprobación de este dictamen, a razón de que, en tiempos electorales, los grupos de ambulantes son utilizados con fines políticos.
Por ello, adelantó a La Razón que solicitará sea una de las prioridades cuando se permitan las sesiones presenciales y estimó que, en 15 días, hará una solicitud para que el dictamen sea discutido en el pleno.
“Es urgente porque en estos días, por tiempo de elecciones, muchos partidos de oposición, que en su momento gobernaron, usan a los ambulantes. Por ejemplo, en Gustavo A. Madero los vendedores que vienen con esos fines viven en Ecatepec y Nezahualcóyotl y les hacen cambiar su domicilio; entonces, siempre ellos, los partidos, amenazan y quieren poner en contra del Gobierno a los ambulantes, siendo únicamente beneficiados los grupos políticos al frente”, señaló.
El registro de las organizaciones de ambulantes, dijo, también contribuirá a abatir el cobro de piso que hacen líderes no reconocidos, quienes cambian sus tarifas y extorsionan.
Cabe señalar que, actualmente, no hay un padrón oficial de cuántos comerciantes en vía pública hay en la capital del país, especialmente en la zona Centro, donde hay áreas en las que está prohibido vender.
