Benito Antonio Sánchez Robles, empleado de Morena y parte del equipo de campaña de la candidata a la alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México, por este partido, Paula Soto, e identificado como presunto agresor de un adulto mayor, recibió una remuneración mensual de 75 mil 708 pesos durante el segundo periodo de 2015, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
De acuerdo con el registro en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el individuo accedió al beneficio en el apartado de "Personas Físicas y Morales que usan recursos públicos 2015-2017, a través de la Dirección Adjunta de Posgrados y Becas.
El reporte de la PNT establece que el fundamento jurídico para usar recursos públicos está basado en las Reglas de Operación, de identificado como ámbito de aplicación o destino: educación.
El incidente ocurrió hace unos días en la colonia Del Valle cuando Sánchez Robles presuntamente golpeó a una persona de la tercera edad por cuestionar que las vacunas antiCovid no las había pagado el partido Morena, sino que habían sido adquiridas con los impuestos de los ciudadanos.
Benito Antonio es miembro fundador de Morena y del Instituto de Formación Política de este partido. En la actualidad forma parte del equipo de campaña Paula Soto, expanista y hoy morenista.
Además cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en temas de investigación en comercio de autopartes y cadena de producción de automóviles.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió un llamado de auxilio antes del mediodía por un incidente en la calle Magdalena, donde al llegar los elementos policiacos entrevistaron a un hombre de 71 años, quien dijo llamarse Alejandro.
Comentó que minutos antes había sido víctimas de agresiones físicas por parte de un sujeto que se identificó como Benito Antonio Sánchez, de 61 años, quien dijo trabajar para Morena.
Vecinos de Alejandro llamaron a la policía, por lo que después de recabar los testimonios ambas personas involucradas en el incidente fueron llevadas ante el Juez Cívico para definir su situación jurídica.