El Gobierno de la Ciudad de México propuso al Congreso capitalino una reforma que permitirá a las alcaldías reorientar los recursos del Presupuesto Participativo de los años 2020 y 2021, para obras y acciones que consideren necesarias.
Con la propuesta, se pospondría la aplicación de recursos correspondiente a los años 2020 y 2021 —partida que asciende a 2 mil 816 millones 406 mil pesos—, en caso de que, por cuestiones jurídicas o de otra índole, no se pudiera realizar algún proyecto ganador.
La Jefa de Gobierno, Claudia Shein-baum Pardo, explicó, en su exposición de motivos, que la consulta para la aplicación del presupuesto participativo de ambos ejercicios fiscales comenzó el mes pasado, por lo que aún están en proceso las convocatorias para la asambleas de información y selección, “así como la formación de los comités de Ejecución y Vigilancia, y por tanto, la ejecución de los proyectos”.
Al respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseveró que la propuesta del Gobierno para suspender la aplicación del presupuesto participativo busca dar “certidumbre” al ejercicio de los recursos para evitar que las alcaldías los pierdan.
“La idea es darle la mayor certidumbre al ejercicio de los recursos y se busca que las alcaldías no pierdan los recursos de presupuesto participativo”, explicó ayer.
Batres Guadarrama aseguró que hubo una dificultad en la aplicación de estos recursos debido a la pandemia, pues no se pudo nombrar a los participantes ni realizar las debidas asambleas por la contingencia.
“La pandemia, y además la forma en que se enfrentó la pandemia, dificultaba por mucho o impedía, de plano, la realización de asambleas en las que se tienen que nombrar ciertos representantes, particularmente del Comité de Ejecución, del Comité de Vigilancia de los Presupuestos Participativos. Entonces, no se pudieron dar estas asambleas, sobre todo en 2020”, aseguró.
Explicó que algunas obras aprobadas para el presupuesto participativo de los proyectos ganadores ya se habían realizado con el repuesto ordinario de las alcaldías, lo que podría generar un problema de duplicidad.
“En este tipo de casos se está buscando que se puedan liberar estos recursos para que las alcaldías no los pierdan y los puedan ejercer en otras necesidades y actividades de su demarcación”, especificó.
Tras ser cuestionado, Batres Guadarrama explicó que esta reforma se aplicaría en los casos en los que —por razones de carácter formal u otros— no se puedan ejercer o ya se hayan utilizado otros recursos económicos para cumplir el objetivo deseado.
“Por ejemplo, hubo un Presupuesto Participativo ganador en un proyecto para pintar las fachadas de una región, de una alcaldía, pero, por el paso del tiempo, la alcaldía ya pintó esas fachadas y otras; entonces, el objeto de este proyecto ya se cubrió. ¿Qué se hace con ese recurso? Se busca que la alcaldía no pierda esos recursos y que los pueda ejercer en otras áreas donde haya necesidades de la propia alcaldía”, detalló.
En la propuesta enviada al Congreso local se establecen reformas a los artículos 21 y 22 de la Ley de Participación Ciudadana para que, en el caso de que exista alguna circunstancia “de índole jurídica, formal o material, que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de 2020 o 2021, su ejecución será postergada”.
