Especialistas en economía cuestionaron la forma como se construye y asigna el presupuesto en la Ciudad de México, y pusieron sobre la mesa la necesidad de precisar los requerimientos que se prevé cubrir con los recursos, así como los servicios públicos que las alcaldías proveen de manera conjunta.
En el marco de la discusión del paquete económico para 2022, en la que, a la fecha, ocho de los 16 alcaldes han solicitado un monto mayor del que se tiene previsto como techo presupuestal, es necesario que los alcaldes expliquen a detalle cuál es la población objetivo y las necesidades que se prevé cubrir con los recursos adicionales que solicitan, advirtió Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista con La Razón, el experto expuso que la metodología que podría funcionar para la distribución de recursos en la capital del país sería el presupuesto base cero, con el que primero se determine “el sujeto a beneficiar”, en relación con la situación que se vive en la demarcación, con la finalidad de que se evalúen las necesidades, para dirigir los fondos a las áreas o la población que más lo requiera.
“¿Dónde está principalmente la población objetivo a beneficiar con relación al presupuesto que se está solicitando? Por ejemplo, la semana pasada tuvieron la primera reunión la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; a raíz de un acuerdo, se otorgaron alrededor de 100 elementos (de policía) más. ¿Qué quiere decir esto? Que mínimamente, a mayor (cantidad de) elementos de seguridad, se debe inhibir la delincuencia en la alcaldía. Aquí la pregunta es: estos nuevos elementos, ¿a dónde se destinaron?
Aquí la gran pregunta está en, ¿para qué quieren el presupuesto? ¿Cuál es la población objetivo que se va a beneficiar en relación con ese recurso?Ignacio Martínez, Coordinador del LACEN, UNAM
“Es ésta la metodología del presupuesto base cero; es decir: ‘demuéstrame, antes que te otorgue’, (porque) aquí es al contrario: ‘dame, porque no tengo’; ése es el gran problema que tenemos”, comentó.
El analista recordó que la Ciudad de México, al ser una de las demarcaciones con más población, es de las que recibe más recursos directos por parte de la Federación, por medio de programas sociales, lo que ayuda a “aliviar” al Gobierno local en la designación de impuestos para las alcaldías.
Sin embargo, resaltó que, si bien, los alcaldes tienen que solicitar el presupuesto porque así está establecido en la ley, con esto viene una “revictimización” de su parte, “sobre todo de los de oposición”, al argumentar que no cuentan con presupuesto.
“Aquí la gran pregunta está en, ¿para qué quieren el presupuesto? Sabemos que es para cubrir principalmente servicios, pero, por ejemplo, en el caso de un proyecto de mercado, ¿dónde está ese mercado que se va a remodelar? Y más allá de los locales, ¿cuál es la población objetivo que se va a beneficiar en relación con ese recurso?”, cuestionó.
Al poner como ejemplo el caso de Álvaro Obregón —en donde la alcaldesa solicitó dos millones y medio más del techo presupuestal de tres mil 211 millones que le otorgó la Secretaría de Administración y Finanzas—, Martínez Cortés resaltó que en esta alcaldía se presume una recaudación del 13 por ciento del predial de la ciudad; sin embargo, hay avenidas donde las luminarias no sirven desde hace cinco años; por ello, aseguró que es importante que las 16 alcaldías informen respecto al valor o el volumen de las acciones que prevén llevar a cabo.
“Pueden decir las alcaldías: ‘es que sí se informa’, pero se informa en cuanto a valor, en cuanto a volumen, pero no se informa con relación a la población objetivo, porque como se trata de dineros públicos, debe haber un beneficio a la sociedad; y es en general, no es por ingreso. Si analizamos una radiografía de los cuadrantes de ingreso en la Ciudad de México, resulta que hay mayor servicio, en todos los aspectos de servicios públicos, en esas zonas con mayor ingreso, porque tienen el poder, el dinero, de exigir”.
Por otro lado, destacó que otro factor importante que se debe considerar en la distribución de recursos de las alcaldías es la población de paso o “flotante”, que no es igual en las 16 demarcaciones, y por la que también se requiere distribuir servicios públicos.
“La alcaldía Miguel Hidalgo tiene mucha población de paso, comenzando, por ejemplo, con que tiene dos estaciones del Metro con muchísima afluencia, lo que es Observatorio y Tacubaya, que baja o sube población que proviene de Cuajimalpa, y por supuesto que esto va a provocar mayor solicitud o prestación de servicios públicos, pero es en esta parte, de determinar cuáles son los objetivos.
CLARIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
Por separado, Arturo Guillén Romo, especialista en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), resaltó que la demanda de recursos por parte de los alcaldes atiende a la nueva configuración política que se vive en la capital del país
—con una mayoría de ediles de oposición, tras las elecciones de junio pasado—, la cual “pone sobre la mesa” la necesidad de precisar los servicios públicos que las demarcaciones proveen de manera conjunta, para que sean consideradas de esta manera a la hora de hacer el presupuesto.
“Resulta un poco difícil imaginar a la Ciudad de México y a las alcaldías con la independencia que puede haber en otra entidad federativa —con municipios con distancias importantes, con zonas en las que hay, incluso, separación física—. Aquí, en los hechos, tenemos una geografía que está cargada de continuidad; es decir, todo el territorio está cruzado por comunicaciones, calles, colonias y construcciones, y una gran cantidad de servicios son compartidos; entonces, la nueva situación política pone en la mesa la necesidad de precisar con mayor claridad todo lo que concierne a actividades compartidas y que deban ser así contempladas en la situación presupuestal”, indicó a este medio.
Por último, resaltó que el “problema mayor” es que el presupuesto para la capital del país está construido para que primero se haga una estimación de cuántos serán los ingresos previstos y, a partir de ello, operar, lo que hace que “quede corto” para las necesidades de la Ciudad de México.