Con el objetivo de "combatir la corrupción y evitar prácticas ilegales para 'acelerar' procesos", el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), ambos de la Ciudad de México, buscan implementar mecanismos para detectar acciones de gestores no autorizados para realizar trámites laborales.
Mediante un comunicado, se detalló que ambos organismos buscan detectar a personas que ofrezcan servicios no permitidos de representación jurídica, documentos oficiales y vinculación con personal adscrito en alguna Junta Especial para acelerar un proceso de forma ilegal.
“La oferta de servicios para acelerar trámites o juicios laborales por parte de personas sin autorización, conlleva un riesgo para trabajadores en litigio que podrían ser víctimas de engaño o cobros excesivos, por lo que es importante combatir y cancelar esas prácticas”, comentó el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés.
Junto al presidente de la JLCA, Eleazar Rubio Aldarán, se acordó que personal del Consejo Ciudadano realice rondines de vigilancia al interior de la Junta capitalina, con el fin de detectar irregularidades, de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.
Al respecto, Rubio Aldarán señaló que el convenio "reforzará la atención a los conflictos de trabajadores y empresas en la capital y permitirá difundir los servicios del Consejo Ciudadano a la población".
“La actual administración está comprometida con las mujeres y los hombres trabajadores de la Ciudad de México en un proyecto que sacuda la corrupción de este tribunal. Un compromiso de solidaridad con aquellos que han sido vulnerados en sus derechos laborales y de lucha contra todas las formas de corrupción que amenazan a la clase trabajadora y a nosotros junto con ella”, agregó.
Se informó que, en lo que va del año, con el Plan de Conciliación implementado en la JLCA capitalina se incrementó 60 por ciento la resolución de asuntos bajo ese esquema, para llegar a seis mil caos.
CEHR