Este martes se reanudó la audiencia en la que se preveía vincular a proceso a ocho de los diez imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro, sin que hasta al cierre de esta edición se tomaran definiciones.
Sin embargo, desde el inicio de la audiencia, Gabriel Regino —abogado del ex director de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y de otros cuatro acusados— vaticinó que los presuntos serían vinculados a proceso penal.
Aseguró que la audiencia era un “mero formalismo” y ya desde esa hora, adelantó que la definición de la situación jurídica de sus clientes y del resto de imputados se daría hacia la medianoche.
“Es la crónica de una burla a las víctimas, la vinculación a proceso no significa que seamos responsables, estamos ante una pantomima electoral disfrazada de proceso penal con chivos expiatorios”, afirmó.
El pasado 14 de julio, Enrique Horcasitas y otros siete corresponsables del colapso que dejó 26 muertos, fueron imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, durante una audiencia que demoró 22 horas.
Ayer, tras más de doce horas, cerca de las 21:00 se decretó un receso de dos horas antes de que el juez José Luis Palacios emitiera su veredicto y definiera si confirmaba o modificaba las medidas cautelares correspondientes.
Durante la diligencia de ayer, que se alargó hasta pasada la medianoche y tuvo al menos cuatro recesos, únicamente declararon tres de los ocho imputados, mientras que los otros cinco se reservaron el derecho a hacerlo.
Por la mañana, al llegar a la Sala de Juicios Orales del Poder Judicial capitalino, Teófilo Benítez, defensa de 13 de las víctimas que no aceptaron acuerdo reparatorio, expresó ante los medios su desacuerdo con las medidas cautelares que se impusieron el pasado jueves a los presuntos responsables y que consisten en acudir a firmar una sola vez y no salir del país, y advirtió que buscaría que se les dictara prisión preventiva oficiosa.
“El juez no hizo ninguna anotación, tal parece que la Fiscalía y el Tribunal actúan en defensa de los imputados, no sé si con honorarios, pero imagínense, si no los vinculan a proceso, eso sería algo vergonzoso para el mismo Tribunal”, señaló.
Por separado, Christopher Estupiñán, abogado de otro grupo de víctimas y familiares de los afectados por el colapso, cuestionó que únicamente se imputaron delitos por omisión, sin haber hecho responsables a las empresas constructoras de la Línea Dorada.
“No podemos culpar solamente a las personas que estuvieron ejerciendo un cargo público por la supuesta situación de no haber supervisado; también está la obligación de quien debe de realiza la obra”, dijo.
Se dicen "perseguidos políticos"
Alrededor de las 11:00 de la mañana, durante el primer receso, Estupiñan declaró a los medios que ante el juez, los imputados acusaron ser víctimas de una “persecución política” por parte de las autoridades.
“Están señalando lo que creo ya había advertido su defensa, que es un tema de persecución política, incluso, los propios declarantes, los propios imputados, han señalado que dónde están las empresas, pues el propio contrato de obra a precio alzado no permitía que los funcionarios de Proyecto Metro hicieran alguna modificación”, señaló.
Durante el último receso que se decretó cerca de las nueve de la noche, el abogado Teófilo Benítez señaló que se esperaba que con los argumentos otorgados en la diligencia fuera “más que suficiente”, para lograr la vinculación a proceso de todos los imputados.
