Quienes tienen su casa en los alrededores del cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, viven con temor. El 10 de septiembre del 2021, el deslizamiento de una roca de más de 100 toneladas de peso provocó la muerte de cuatro personas y el desalojo de más de 100 de sus viviendas en la colonia Lázaro Cárdenas.
A un año del hecho, el miedo de vivir cerca de este cerro de las faldas de la Sierra de Guadalupe, ubicado en los límites entre la capital y el Estado de México, se mantiene igual.
El acontecimiento del año pasado no hizo más que aumentar el temor de los miles de habitantes de la zona, considerada por especialistas como de alto riesgo, quienes cada día enfrentan dificultad para llegar a sus domicilios, problemas de agua, y el miedo a que se repita la tragedia, comentó a este medio un habitante del lugar.
“El problema es que se habla mucho del tema cuando pasa algo, el año pasado, todos hablaban de esto, pero después se olvida”, afirmó.
En los barrios cercanos al cerro, entre los que se encuentran la colonia Lázaro Cárdenas del lado mexiquense y barrios como Cuautepec, Ahuehuetes o Tlalpexco del lado de la Ciudad de México, las calles intrincadas, con decenas de escalinatas, para poder acceder a las viviendas, y estrechas en las que apenas caben un par de vehículos, son una constante.
Cuando llueve, explicó don Francisco, un taxista que habita en la zona, las calles se convierten en “ríos” por donde baja el agua, por lo que transitar en auto o incluso a pie se vuelve “muy peligroso en ciertas épocas del año”.
Se tienen identificadas desde hace tiempo las zonas de alta, mediana y baja peligrosidad. ¿Qué se debería atender? Las zonas de alta peligrosidad, porque eso involucra el riesgo que tienen las personas o la infraestructura que pueda ser afectadaArturo Tapia<br>Geólogo de la UNAM
Sin embargo, para los vecinos que habitan en las laderas, dejar sus viviendas no es una opción, pese a las condiciones adversas en las que habitan. “No es tan sencillo, ni cuando pasó lo de la roca, la gente se quiso ir, ¿cómo se va a dejar sus casas, sus cosas? todas las vidas que están aquí”, afirmó.
Arturo Tapia, geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el “gran problema” que enfrenta esta zona del Valle de México es la falta de intervención por parte de las autoridades, ya que “desafortunadamente” lo único que se hace después de un acontecimiento como el de hace un año, es “poner una curita” sin resolver el problema de fondo.
“Se tienen identificadas desde hace tiempo las zonas de alta, mediana y baja peligrosidad. ¿Qué se debería atender? Las zonas de alta peligrosidad, porque eso involucra el riesgo que tienen las personas o la infraestructura que pueda ser afectada”, señaló.
En estas zonas de asentamientos humanos, comentó el especialista, ya no es posible llevar a cabo trabajos de prevención, que pudieran evitar daños a la población, por lo que únicamente es posible realizar tareas de “remediación”, quizá a un costo más elevado.
Y agregó: “El riesgo está constituido por el peligro, por la vulnerabilidad y por el tipo de peligro, entonces se tiene que evaluar. Todo tiene solución, esa zona del Chiquihuite que hace un año tuvo el deslizamiento, se contemplaba en algunos estudios como una peligrosidad media y se le pudo haber bajado su peligrosidad sin haber gastado en demasía, ya que serían trabajos de prevención”. Ahora, dijo, lo que se requiere son obras de remediación. Pero: ¿a qué costo?
El tema trasciende las fronteras políticas
Max Correa Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México, recordó que en los últimos años se construyeron presas de gavión en los alrededores de la Sierra de Guadalupe para mitigar las crecientes provocadas por las lluvias y el impacto que éstas pudieran tener en los asentamientos de la zona.
Sin embargo, con las lluvias atípicas se han destruido, por lo que señaló la importancia de que se reconstruyan para evitar situaciones como la del año pasado.
“Son alrededor de 25 o 30 presas que deben reconstruirse y también acciones de mitigación en Tlalnepantla, en la colonia Lázaro Cárdenas y en la Jiménez Cantú”, dijo el legislador a La Razón.
El diputado de Morena señaló que los asuntos de gestión de riesgos y Protección Civil, “trascienden las fronteras políticas”, por lo que afirmó que sería necesaria la coordinación entre la capital y el Estado de México para mejorar las condiciones de esta zona, al tratarse con un enfoque de carácter metropolitano.
“En lo que es la ladera del Chiquihuite hacia la Ciudad de México el gobierno de la capital ha invertido en infraestructura preventiva, del lado mexiquense lamentablemente no ha sido así; hay necesidad de una coordinación al respecto, sin duda”, comentó.
El legislador explicó que en materia de gestión de riesgos y protección civil, por cada peso que se destina a la prevención representa “cuando menos” unas ocho veces más la inversión que implica hacer las reparaciones de los daños al patrimonio, además de las vidas que pueden perderse.
Correa Hernández recordó que tras el deslizamiento del año pasado se destinó un predio en la colonia Jiménez Cantú, en el oriente de Tlalnepantla, para brindar un nuevo hogar a las familias afectadas por ese fenómeno natural.
“El predio se desincorporó para eso, la Comisión Nacional de Vivienda es quien tiene que llevar a cabo la construcción de las viviendas, el predio está en el oriente de Tlalnepantla”, indicó.