El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara López, dio a conocer que se obtuvieron un par de órdenes de aprehensión en contra de dos exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, relacionados con corrupción de bienes raíces en esa demarcación.
Se trata de César "N" y Elvia "N", quienes se encuentran prófugos de la justicia, por lo que se emitieron fichas rojas de la Interpol para evitar que salgan del país.
"Durante el avance de la investigación se pudo confirmar la posible participación de ambas personas con el contacto con las víctimas y como posibles encargados de negociar los recursos económicos para la realización de los trámites", dio a conocer el vocero.
En un videomensaje, Lara López dio a conocer que gracias a las denuncias que han presentado vecinas y vecinos ante el Ministerio Público, las autoridades capitalinas han logrado establecer "con mayor precisión" el modus operandi con el que operaban funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes posiblemente aprovechaban de sus cargos para cometer delitos.
De acuerdo con el vocero, se inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y extorsión, luego de que un habitante denunció que César "N", quien era servidor público en la administración en 2022, le pidió una aportación económica de 82 mil 500 pesos, que debía pagar en las oficinas de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la alcaldía, para agilizar un trámite.
"La víctima refirió que le comentaron que realizando este pago quedaría garantizado el trámite y durante el proyecto, así como la realización de la obra, no tendría ningún problema de verificaciones, ni de protección civil", detalló.
No obstante, tras hacer ese pago, tendría que hacer una aportación económica "más grande" toda vez que aún faltaban las constancias de seguridad estructural y el visto bueno para los permisos de construcción de un inmueble.
Un caso similar ocurrió en 2019, detalló el vocero, cuando otra víctima presuntamente fue notificada por la alcaldía, de que para poder dar trámite a una manifestación de construcción, una persona que dijo llamarse César “N” y ser empleado de la demarcación le había exigido una aportación de 25 a 30 mil pesos por cada unidad o departamento con que contara el inmueble a construir.
En tanto Elvia “N”, presuntamente fungía como gestora o enlace con César “N” para la tramitación de dichos documentos.
DGC
