Este martes, el pleno del Congreso de la Ciudad de México conocerá de un dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Político-Electorales, mediante el cual se reforma el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital, para establecer que quienes tengan antecedentes de violencia familiar o de género y que sean deudores alimentarios no puedan ser postulados como candidatos a cargos de elección popular.
Al respecto, el diputado de Morena, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Legislativo, señaló que las reformas aprobadas establecen como objetivo evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a cargos de elección popular, lo que incluye a los aspirantes independientes, cuyas solicitudes de registro deberán ser rechazadas si caen en estos supuestos.
En consecuencia, explicó, la modificación establece que la persona interesada en contender por un cargo de elección no debe haber sido sentenciada por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Además, el solicitante del registro de una candidatura no debe haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género u orientación sexual. Y no debe estar inscriuto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que se refieren los artículos 35 y 323 séptimus del Código Civil para la Ciudad de México ni en el Registro de Personas Agresoras Sexuales, también de la capital.
Cabe destacar, dijo el legislador, que el dictamen que hoy será discutido en el pleno contó con la opinión de la Comisión de Igualdad de Género local, que considera que la propuesta presentada por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio, ambas de Morena, fortalece la administración pública local. Además, añadió, promueve la prevención de la violencia institucional y apela al compromiso de la ética pública.
A su vez, la diputada del PRD Gabriela Quiroga Anguiano, hizo saber que su partido que acompañará el dictamen con una votación a favor, con el objetivo de lograr que ningún violentador, agresor o deudor alimentario acceda a puestos de poder.
Añadió que los violentadores de género tampoco deben estar en cargos en donde se administre la justicia o se manejen recursos públicos.
Sólo de esta manera se podrá garantizar que las mujeres obtengan un máximo grado de protección a sus derechos en razón de género.