En lo que va de la actual administración —con corte al 2022— la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que se vinculara a proceso penal a 486 servidores y exservidores públicos por su presunto involucramiento en casos de corrupción.
En el Plan de Política Criminal 2023, que subió a su página de internet, el órgano de procuración de justicia señala que entre el 2019 y el 2022 se logró llevar a juicio a muchos funcionarios de alto nivel, como “diputados, por enriquecimiento ilícito; dirigentes partidistas, por explotación sexual de mujeres; secretarios, por desvío de recursos, y directores generales por uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias”, entre otras prácticas.
La Fiscalía asegura que se trata de una “política de combate a los actos de corrupción acertada” y señala que “erradicar la corrupción es un compromiso que se toma en serio; se investigan a todos sin distinción”.
Menciona: “Durante las pasadas administraciones, la corrupción se infiltró en las estructuras gubernamentales, convirtiéndose en una práctica común, originando un período de impunidad”.
Sin embargo, continúa, gracias a la estrategia federal y a la coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México se han llevado a cabo acciones de investigación para detectar actividades corruptas, que han permitido acreditar responsabilidad ante el Poder Judicial y obtener órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso para un número importante de personas que ocuparon cargos de alto nivel durante la última administración.
En el extenso documento, la Fiscalía capitalina también informa del combate a la corrupción al interior de la institución y señala que del 2020 al 2022 fueron destituidos 92 policías de investigación, 266 fueron suspendidos y 23 amonestados.
Además, el Consejo de Asuntos Internos destituyó a 77 servidores públicos, suspendió a 35 y amonestó a 22, en ese lapso.
Algunos de los funcionarios vinculados a proceso que señala el documento son Fernando “N”, ex director ejecutivo de Asuntos jurídicos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), por causar un detrimento patrimonial de 21 millones 285 mil pesos y Julio Cesar “N”, coordinador general y exadministrador de la Central de Abasto, por enriquecimiento ilícito por un detrimento de 47.9 millones de pesos.
También está bajo juicio Felipe “N”, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
De los 486 servidores públicos que se han vinculado a proceso hasta el 2022, 141 corresponden al 2019, 106 al 2020, 109 al 2021 y durante el último año que integra este bloque, la cifra fue de 130 casos.
El Plan de Política Criminal 2023 especifica que gracias a las acciones para combatir la corrupción y malas prácticas, la Fiscalía para la investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos formuló imputaciones ante jueces de control relacionadas con 79 carpetas de investigación durante el 2022.
Estos expedientes derivaron en 130 vinculaciones a proceso, 16 prisiones preventivas oficiosas, 16 prisiones preventivas justificadas, nueve suspensiones temporales de empleo y cuatro separaciones del cargo.
