Tamara era la mejor amiga de Brenda, quien fue asesinada por su pareja en su hogar en 2012 en presencia de sus dos hijos, de dos y tres años de edad, en su domicilio de la alcaldía Milpa Alta.
N plática con La Razón, Tamara dijo que “La Flaquita”, como le decían a Brenda, no tenía familia aquí, pues llegó sola de Chiapas, tras escapar de su comunidad de origen, en donde sufría violencia.
Cuando Brenda fue asesinada, su feminicida y padre de sus hijos se quedó con los niños, a pesar de que ellos no querían estar con él. Y aunque posteriormente fue procesado, nunca perdió la patria potestad de los pequeños y ellos eran obligados a irlo a ver a la cárcel.
Por eso Tamara celebra la aprobación, por parte del Congreso de la Ciudad de México, de la llamada Ley Monzón, una reforma por la que los feminicidas de sus parejas perderán automáticamente la patria potestad de los hijos de ambos.
A su beneplácito se suman voces de feministas, como la de Alejandra Carrillo, quien pertenece al colectivo Latinas Guerreras y que en varias ocasiones ha dado dado acompañamiento a víctimas de violencia de género.
“Muchas veces los procesos legales no son justos; el hecho de tener un vínculo familiar nunca debió ser razón para no actuar con lógica y sentido común, ya era hora de poner un alto a los privilegios de los feminicidas”, expresó.
Mencionó que muchas víctimas de violencia han compartido que los agresores utilizan a los infantes para manipular; “los ponen de por medio sin pensar el daño e incluso trauma que pueden generar en los niños y eso puede ser crucial para el desarrollo de un niño”.
En ese sentido, remarcó que es importante que las víctimas denuncien y exijan sus derechos, aunque reconoció que el enfrentarse a un proceso de tal magnitud involucra, ademas de un trabajo físico, una labor psicológica.
Mencionó: “El hecho de ir a pararse a poner una denuncia es un acto de valentía, por lo general las víctimas acuden cuando la bomba ya explotó; hay un trasfondo de violencia, agresión y manipulación que muchas veces es lo que no las deja animarse a hablar, pero hay que hacer que las autoridades nos atiendan”.
A su vez, la presidenta de la comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso capitalino, Polimnia Sierra, mencionó que se tienen reportes de familias de víctimas en el sentido de que los niños son obligados a ver a los asesinos en el reclusorio; sin embargo, “al perder la patria potestad pierden todos los lazos familiares de ese lado, es decir, abuelos, tíos, etcétera, de manera que el niño ya no está obligado a convivir con ellos”, afirmo.
La diputada del PRD subrayó: “En un caso de feminicidio no sólo la mujer es la víctima, sino también los hijos; queremos garantizar que los niños puedan crecer sin estar obligados a convivir con el asesino de sus madres”.
Agregó que en muchas ocasiones los niños también son víctimas de violencia y adicionalmente se les pone en medio en juicios que suelen llevarse bastante tiempo para que el agresor finalmente pierda la patria potestad, cuando el juzgador lo considera conveniente.
En cambio, dijo, las reformas aprobadas el pasado viernes durante el periodo extraordinario establecen que el responsable de feminicidio perderá la patria potestad de los hijos que haya tenido con la víctima en cuanto sea sentenciado.
