El Jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que las autoridades de la Ciudad de México preparan un programa de apoyo para hacer justicia a los extrabajadores de la extinta empresa paraestatal Ruta 100, “para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”.
En conferencia de prensa, el mandatario mencionó que la administración de la capital se mantiene en comunicación estrecha con el Gobierno federal, de tal manera que los exempleados de la empresa de transporte público sean apoyados de manera conjunta.
“Quiero subrayar que se va a hacer justicia en el caso de los ex trabajadores de Ruta 100; entre el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México vamos a conjuntar recursos económicos para apoyar de manera directa a todos aquellos que eran trabajadores de Ruta 100 en el momento en que fue declarada la quiebra de la empresa”, indicó.
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Martí Batres comentó que se buscará la forma de contribuir a que quienes están reconocidos como trabajadores de Ruta 100 en activo en el momento en que la empresa fue declarada en quiebra, tengan la garantía de que sus derechos serán respetados y que además reciban un apoyo monetario.
Mencionó que se prevé que sean cerca de 12 mil las personas que accedan a la ayuda, que son quienes formaban parte de la planta laboral del organismo en el momento en que el gobierno de entonces decidió cerrarlo mediante la quiebra.
Precisó que será una entrega única de un monto económico que se le hará llegar directamente a cada beneficiario que acredite haber laborado para la empresa.
El Jefe de Gobierno apuntó que próximamente se dará a conocer con todos los detalles el programa y los lineamientos específicos del mismo, algo que es un tanto complejo, pues se deben tomar en cuenta muchos aspectos jurídicos y normativos.
Sin embargo, adelantó que la Secretaría de Gobierno capitalina instalará módulos para crear un padrón de los extrabajadores y el apoyo será aportado hasta en tres etapas.
Martí Batres recordó que quienes laboraban en la empresa que cubría todos los rincones del entonces Distrito Federal se vieron afectados por el fallo de un juez de lo concursal, que decretó la quiebra en el año de 1995.
Agregó que esa decisión trajo aparejada la terminación de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, lo que en su momento fue ratificado por el pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”.
Y externó: “Esa situación y el desenvolvimiento posterior que tuvieron sus condiciones económicas, laborales y sociales, han llevado o llevaron a que ellos, los extrabajadores, sufrieran un menoscabo en sus condiciones de vida y en su patrimonio”.
Añadió que a lo largo de los años a partir de la declaración de quiebra y la suspensión tajante del servicio de transporte público, los exempleados “han vivido una compleja problemática y se hace necesaria la aplicación especializada de apoyos”.
