La alcaldía Álvaro Obregón prepara acciones legales para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) descongele las denuncias que se han presentado en contra de Layda Sansores por presuntos desvíos de recursos, cometidos cuando fue titular de la demarcación.
La alcaldesa Lía Limón García dijo a La Razón que hasta el momento han sido presentadas diez denuncias en contra de la actual gobernadora de Campeche y cercanos colaboradores por los delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvió de recursos y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Y enfatizó: “La última denuncia que presentamos fue por 120 millones de pesos; traía carpetas adjuntas que comprobaban los hechos, están muy bien documentadas y a pesar de eso le dieron carpetazo”.
Limón García mencionó que están en estudio las acciones legales que serán emprendidas para que la Fiscalía dé marcha atrás a ese “carpetazo” que le dio a las denuncias y ejerza acción penal.
Externó que los desvíos se dieron a través de programas sociales, entre ellos, el esquema de apoyo Mercomuna, el cual consistía en dar a los ciudadanos vales que podían gastar o intercambiar por bienes en misceláneas, para que, posteriormente, la alcaldía convirtiera dichos vales en dinero y así se viera favorecida la economía de la demarcación.
“Resulta que en el padrón de quienes recibían los vales había gente que ya estaba muerta y algunos que eran funcionarios de la alcaldía, entre otras irregularidades”, dijo Lía Limón.
La funcionaria aseguró que hay manera de comprobar que dicho dinero se desvió de sus fines, porque fueron cheques que cambiaron funcionarios públicos de la anterior administración, “empezando por la directora de Finanzas”.
Mencionó además que se identificó la supuesta compra de calentadores solares para ser entregados a vecinos, de cuya entrega no hay comprobación.
Lía Limón añadió que además de las denuncias penales, su administración ha levantado aproximadamente 150 actas ante la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, debido a irregularidades en obras y por la condición en que se encontraron algunos espacios públicos.
Puso como ejemplo unas escaleras eléctricas en la colonia Estado de Hidalgo, en las cuales se gastaron 100 millones de pesos, pero no sirven. “Con esa cantidad yo repavimenté 57 calles el año pasado”, dijo.
Agregó que durante la administración que encabezó la morenista Layda Sansores se construyó un elevador inclinado que no es utilizable, ya que rebasa los niveles de ruido permitidos en la zona y afecta a los vecinos.
Explicó: “Esa demanda (por el exceso de ruido) nos llegó por la Procuraduría del Medio Ambiente y le pedimos a la empresa que resolviera la situación, pero la respuesta fue negativa y el elevador está sin usarse”.
Enfatizó: “Los estudios previos, por los que pagaron cuatro millones de pesos, no se hicieron bien; el ruido que genera el elevador excede los decibeles y la única manera de cumplir con la demanda de los vecinos es tenerlo apagado”.
