El coordinador general de Investigación Territorial, Ulises Lara, presentó el testimonio de un empresario, quien narró el funcionamiento de la supuesta red de corrupción del Cártel Inmobiliario, con la cual distintos exservidores públicos de Benito Juárez ofrecieron protección a las empresas constructoras para evitar contratiempos durante la construcción de inmuebles.
A través de un videomensaje sobre la actualización del caso del Cártel Inmobiliario, el funcionario detalló que el empresario conoció al exdirector general Jurídico y de Gobierno de BJ, Luis Vizcaíno en el 2010: “el contacto dijo, fue un amigo en común, con el propósito de tramitar todo lo conducente a licencias de construcción”.
Ulises Lara presentó siete videos en los que el constructor inmobiliario refiere a una obra que tenía por desarrollar en 2011 en la calle Pitágoras por la cual acudió a la oficina de Luis "N" en la entonces delegación, “para que le ayudara con el procedimiento de una visita de verificación que se le había practicado en dicho inmueble”.
En el testimonio, el empresario explicó: “la obra estaba suspendida temporalmente derivado de faltantes en los elementos de protección correspondientes, le pedí (a Luis Vizcaíno) que me ayudara a resolver la situación y me solicitó 150 mil pesos… pasaron 20 días, la obra se abrió y se pudo terminar”.
Lara mencionó que en 2015 se realizaron las mismas acciones por segunda ocasión, pero ahora en una obra en la calle de Patricio Sanz y especificó que se le argumentó al empresario que al no contar con los documentos la obra estaría sujeta a sanción económica por el monto de 250 mil pesos.
Añadió que a finales de 2016 Luis fue quien buscó al desarrollador inmobiliario para asociarse y comenzar a construir juntos. Su primera obra fue en un edificio ubicado en la calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes.
El coordinador general concluyó que dicho modus operandi se realiza desde 2015, “con decenas de construcciones en la demarcación durante al menos tres administraciones, para solicitar apoyos económicos y en especie, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran sanciones, así como multas”.
JVR
