Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como la de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron con 15 votos a favor y cinco abstenciones la iniciativa con proyecto de decreto que envió el Jefe de Gobierno, Martí Batres, para que el quebrantamiento de sellos no quede impune y se castigue de dos o hasta 12 años de prisión.
El documento señala que se debe verificar que las sanciones por violar los sellos no solo sean de quienes trabajen en la obra o el establecimiento, sino a los principales responsables, por lo que las sanciones serán más severas para propietarios, titulares, poseedores, representantes o responsables.
Por lo anterior, se propuso adicionar y reformar el artículo 286 del Código Penal en dos aspectos, por un lado, modificar las cualidades del sujeto activo que incurra en el delito de quebranto de sellos, por el otro, añadir el término “suspensión de actividades” para que constituya una medida cautelar y de seguridad.
“Al que valiéndose de cualquier medio, quebrante la salvaguarda de los objetos, espacios o inmuebles asegurados por orden de autoridad competente, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa.
“Se equipará al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará con una pena de prisión de sis a doce años y de mil a cinco mil días multa al titular, propietario, poseedor, representante o responsable”, dice la modificación que planteó Batres Guadarrama.
¿Adios a las 'chelerías'?
Esta propuesta también contempla que se sancione a quienes vendan bebidas alcohólicas en la vía pública sin contar con los permisos correspondientes, pues se consideró que estos negocios ocasionan problemas sociales preocupantes.
Por lo anterior, se consideró que se debe garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la salud pública, ya que en los últimos años ha habido un aumento en las chelerías y al mismo tiempo los riesgos de violencia urbana.
“Los espacios donde se consume alcohol sin regulación tienden a convertirse en fotos de alteración y desorden, fomentan el consumo desmedido y desregulado, lo que puede generar problemas de salud pública relacionados con el alcoholismo, intoxicaciones y problemas de violencia intrafamiliar o interpersonal”, señala la iniciativa.
Además, subraya que el nulo control de bebidas embriagantes impactó en el incremento de accidentes de tránsito en zonas urbanas con alta concentración de vehículos y personas, aunado a que no hay una regulación para la venta a menores de edad.
“Quien en forma reiterada o contumaz quebrante o retire los sellos de clausura o suspensión de actividades, se aumenta la pena privativa de la libertad en una cuarta parte de la pena de prisión. Es así, que se busca velar por garantizar la seguridad jurídica en favor de todas las personas”, advierte el documento.
La iniciativa se turnó a la presidenta de la Mesa Directiva, Marta Ávila, para que se discuta en la próxima sesión ordinaria.
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LMCT
