Las comisiones unidas de Vivienda, así como la de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso de la Ciudad de México aprobaron con 16 votos a favor la iniciativa con proyecto de decreto la iniciativa que envió el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para modificar la Ley de Reconstrucción Integral de la Capital.
Batres Guadarrama presentó la iniciativa el 13 de septiembre en el Congreso local, con la finalidad de reformar y modificar el antepenúltimo párrafo del artículo 26 de la ley para la reconstrucción integral de la Ciudad de México.
“Se promueve el acceso equitativo a una vivienda digna para los segmentos poblacionales más vulnerables, mitigando los efectos de la gentrificación y la expulsión residencial. Asimismo, se optimizan los recursos públicos al generar ingresos adicionales para el Fideicomiso de Reconstrucción, lo que permite ampliar el alcance de las políticas habitacionales y consolidar un mercado de renta controlada más robusto”, dice la iniciativa.
Lo anterior significa que se contempla que la redensificación de los inmuebles multifamiliares que fueron intervenidos a causa del sismo por el 2017, mismos que no han sido comercializados, puedan utilizarse en cuanto se consolide la venta.
El documento plantea que, ante la falta de vivienda, ya sea venta o renta, es necesario modificar la ley para que se haga frente a la escases de vivienda, ya que de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) 80 mil personas son expulsadas al año de la capital por falta de un hogar.
Expone que las familias expulsadas reciben ingresos inferiores a 15 mil pesos mensuales, mientras que el costo promedio de la renta es de 25 mil 615, es decir, la tercera tarifa más alta en el país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su artículo 4 que, “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
El mandatario capitalino explica en la iniciativa que la gentrificación se caracteriza por el aumento del valor inmobiliario y el cambio de perfil socioeconómico, lo que provoca el desplazamiento de quienes tienen bajos ingresos, lo que los pone en una tela de juicio.
“Desde una perspectiva jurídica es necesario desarrollar marcos normativos que garanticen el acceso equitativo a la vivienda y promuevan la participación ciudadana en los procesos de transformación urbana”, dice el documento.
Otros aspectos que afecta el alza en las rentas es el impacto negativo en la vivienda de las comunidades y barrios, el incremento del porcentaje de los ingresos de las familias destinados al pago del arrendamiento, alejamiento de las personas de sus centros de trabajo y la expulsión de los más pobres.
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LMCT
