Luego de una discusión de más de dos horas, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron con 15 votos a favor y seis en contra el dictamen para despenalizar el aborto.
La diputada de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, quien presentó la iniciativa el pasado 10 de octubre ante el Congreso local, resaltó que, anteriormente, esta propuesta ya se había puesto en la mesa en tres ocasiones, pero es la primera vez que se avanza al Pleno.
La morenista comentó que con la iniciativa se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues se busca que el aborto no sea considerado un delito en el Código Penal local.
“Eliminar el aborto como delito es un paso clave hacia la protección de los derechos de las mujeres y la salud pública, organizaciones mundiales han destacado los riesgos de criminalizar esta práctica, sugiriendo que el acceso seguro y legal al aborto es esencial para garantizar no sólo la equidad de género, sino el respeto a los derechos humanos de las personas gestantes”, opinó.
Ayala Zúñiga mencionó que ninguna mujer debe enfrentar un proceso penal por decidir abortar y que es responsabilidad de las autoridades del Gobierno garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido criminalizadas por este motivo.
En contraste, la legisladora del PAN, América Rangel Lorenzana, calificó la propuesta como algo “criminal”, ya que se permite que el aborto se practique hasta el noveno mes; es decir, cuando el bebé ya se encuentra formado.
La panista expuso que está en favor que las mujeres decidan sobre su cuerpo, pero consideró que al abortar se decide por la vida de otro ser humano al que le vulneran el derecho a la vida.
“Esto implica que se podría abortar en cualquier etapa del embarazo, incluso un minuto antes del parto, matando a un ser humano completamente formado y preparado para sobrevivir en el mundo exterior”, comentó Rangel Lorenzana.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, urgió al PAN y a quienes estén en contra de la aprobación a no dar su voto desde sus privilegios, pues destacó que hay mujeres que viven en condiciones precarias que no tienen acceso a una atención médica de calidad o instancias privadas, por lo que recurren a métodos que las ponen en peligro.
Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció que el dictamen es congruente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 2021 declaró inconstitucional la penalización del aborto.
“El Congreso está retirando del Código Penal un asunto que es de salud pública y, justamente, en la ley o las normas que regulan la prestación de servicios médicos habrá que regular este tema”, agregó.
Por la noche, un grupo de personas que está en contra de la interrupción del embarazo protestó afuera del Congreso por el avance de la iniciativa que se discutirá en el Pleno.
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