Víctimas de intento de feminicidio critican a jueces

Ojalá no esperen a que me mate como a Abril: Fabiola Pozadas

La mujer y Patricia Fisher cuestionan actuación de los juristas Francisco Salazar y Norma Marín; activistas protestan en el PJCDMX para denunciar irregularidades en casos de violencia de género; urgen a autoridades a aplicar la ley

Fabiola Pozadas previo a una audiencia oral, en julio pasado. Foto: Eunicie Cruz, La Razón

Víctimas de tentativa de feminicidio afirmaron que desconfían de los jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), pues consideraron que éstos están en favor de los imputados, pues los resultados de las audiencias de años de lucha no han sido favorables para las víctimas y ahora temen por su seguridad.

Fabiola Pozadas y Patricia Fisher sobrevivieron a intentos de feminicidios, aunque los casos ocurrieron por separado, ambos coinciden en que ocurrieron en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde han ocurrido 48 feminicidios de 2019 a 2024, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano.

Este año se cumplieron cinco desde que Fabiola Pozadas sobrevivió a un intento de feminicidio en su propia casa, donde su expareja Miguel Ángel “N” presuntamente la privó de la libertad durante 24 días e intentó asfixiarla en dos ocasiones.

El pasado 8 de octubre, el juez Francisco Salazar Silva, del Poder Judicial capitalino, sentenció al sospechoso a pena mínima, sin reparación del daño o alguna terapia que deba tomar.

“Textualmente dijo (el juez) que lo que motivó a delinquir a Miguel Ángel Pérez Santander fue su desprecio hacia mi vida y que era evidente que tenía actitudes misóginas.

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“A pesar de eso lo condenó a una pena mínima y dijo que por la naturaleza del delito no tenía por qué pedir una disculpa pública, tomar cursos para la violencia en contra de las mujeres o alguna terapia y que no tenía que reparar ningún daño… contradictorio ¿no?”, dijo Fabiola Pozadas a La Razón.

La mujer teme que su caso sea similar al caso de Abril Pérez, a quien asesinaron el 25 de noviembre de 2019 mientras cientos de mujeres marchaban por el Día de la Erradicación de la Violencia contra la mujer.

Previamente, Abril Pérez denunció a Juan Carlos García por tentativa de feminicidio, por lo que pisó la cárcel por un lapso muy breve, ya que el juez Salazar Silva reclasificó la carpeta de investigación como violencia familiar y lo dejó libre. Él contrató a dos personas para asesinar a la mujer.

Otro caso que indignó fue en 2022, cuando Salazar Silva condenó a nueve años de prisión y tres meses al agresor de Nadia Sánchez Martínez, quien esperaba una sentencia máxima de 18 años de prisión, ya que los dictámenes periciales confirmaron varias modalidades de violencia, entre ellas, sexual, económica, psicológica, física y patrimonial.

“Los jueces no resuelven conflictos en la vida de los ciudadanos, los jueces atienden negocios con base en su tiempo, a dinero y a interés políticos, es lo que hacen, si te matan son misóginos, sino te matan, son peor de misóginos”, reclamó Fabiola Pozadas.

Agregó que quedó inconforme con la resolución del juez en su caso y apeló para que los hechos no queden impunes y exhortó a la Quinta Sala Penal a resolver la apelación con perspectiva de género.

“Le pido a la Quinta Sala Penal que resuelva esta apelación con perspectiva de género y que dimensione que esto es un crimen de odio, mi agresor no ha parado de agredirme en todos estos años, ojalá no esperen a que me mate como a Abril, porque ni el protocolo ni los cursos se ve que los apliquen”, sostuvo.

Ayer, activistas, víctimas de intentos de feminicidios, así como la directora de la Asociación Civil Justicia ProPersona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Anayeli Pérez, clausuraron de manera simbólica las instalaciones del Poder Judicial.

En la manifestación, las activistas cuestionaron la actuación de los jueces en temas de feminicidios y entre las irregularidades denunciadas, indicaron, está la suspensión de audiencias.

“Es un tema que sí tiene solución, si dotamos de las prácticas necesarias y ordenando a los jueces implementar estas prácticas para que el sistema de justicia sea realmente eficaz”, subrayó Anayeli Pérez en la manifestación.

Datos entregados vía transparencia por la Fiscalía capitalina a este diario muestran que las carpetas de investigación por tentativa de feminicidio aumentaron 166.6 por ciento entre 2019 y 2023.

Patricia Fisher también fue víctima de tentativa de feminicidio en 2022 cuando su expareja la ahorcó hasta que perdió el conocimiento, además, golpeó a su hijo, por lo que levantó la denuncia ante la Fiscalía local con el número de folio S/D/02258/05-2022.

La mujer explicó en entrevista que su proceso está “congelado”, ya que se han diferido más de la mitad de las audiencias a las que la han citado en el Centro Penitenciario, y reclamó que, presuntamente, la jueza Norma Elizabeth Marín la revictimiza constantemente.

“De octubre para acá se han suspendido cuatro audiencias, o no va el abogado defensor, o no va el traductor, o la juez tuvo una situación y no fue, entonces todo es por culpa del imputado o de la jueza, es un cinismo cañón. Llevo 12 audiencias diferidas de 20, siento que se va hacer nulo el juicio”, compartió.

Norma Elizabeth Marín también tiene un historial de víctimas inconformes, incluso, en febrero del 2022, el ONCF manifestó su indignación porque la jueza dio el fallo absolutorio de Vincent “N”, el presunto feminicida de Lucía Delgado, ocurrido en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc el 4 de marzo de 2021.

El OCNF explicó que el sujeto fue liberado pese a que habría pruebas en su contra, tal como el ADN hallado en la escena del crimen. Por ello Patricia Fisher teme que su caso sea similar y nuevamente su vida esté en riesgo al no obtener justicia.

La mujer comentó que cada semana acude al Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, para dar seguimiento al caso, pero no percibe avances, pese que ha solicitado la resolución y que haya medidas de apremio, pero la jueza Norma Marín se niega a darle seguimiento.

“Le pregunté a la jueza que mis derechos dónde están y quería que acotara, pero le dije que es mi derecho a hablar y quería que quedara grabado en la audiencia diferida, a él le cuidan, lo protegen.

“A los jueces lo único que les pido es que cumplan con la ley, la jueza tiene que preguntar por qué no se presentan y no lo hace, por ley se tienen 24 horas para justificar la falta y nadie lo hace”, expuso.