El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 57 votos a favor y cero en contra el dictamen que envió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para reformar el Código Penal local en materia de combate al delito de extorsión en todas sus modalidades y se castigue con una pena 10 a 15 años de prisión, así como una multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.
La comisión de Administración y Procuración de Justicia fue quien presentó el dictamen, el cual señala que la sanción se le aplicará, “al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento o intimidación para lograr el cobro”.
El dictamen señala que las sanciones también se aplicarán a quienes busquen obtener algún beneficio para si o para un tercero a través de simular la existencia o actividades de empresas y sistemas financieros gubernamentales y de banca para tener acceso a operaciones, transferencia o movimientos de dinero o valores, independientemente de los recursos no salgan de la institución.
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Las penas se aumentarán al doble para servidores o exservidores públicos de cualquier nivel de gobierno, miembros y exmiembros de empresas de seguridad privada, también para quienes cometan extorsión a través de llamadas telefónicas, correo electrónico o cualquier medio de comunicación electrónica.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, comentó que la iniciativa ayudará a que los capitalinos, así como comerciantes vivan sin incertidumbre y temor a perder lo invertido en sus negocios, resaltó que las sanciones también aplicarán para transportistas que abusen de sus cargos y recordó que se contempla la creación de la Fiscalía anti extorsión.
“La iniciativa que hoy vamos a aprobar no solamente tiene que ver con lo que va a decir la ley, tiene que ver lo que conlleva la ley y es la creación de una Fiscalía Especializada en Materia de Extorsión. Tiene que ver con la puesta en marcha de una línea telefónica donde se va poder denunciar”, comentó.
Resaltó que una de las modalidades más comunes de la extorsión actualmente son el cobreo de piso, los montachoques, o el gota a gota, con la finalidad de resguardar el patrimonio de la gente, la integridad física y mental de las víctimas.
El diputado del PAN, Ricardo Rubio, expresó que este delito ya existía en el Código Penal, opinó que el dictamen tuvo la intención de crear artículos nuevos, por lo que consideró que se debieron haber modificado los existentes.
“Se señala que las penas previstas para la extorsión se irán al doble cuando se trate de servidores o exservidores públicos de cualquier nivel de gobierno, esto es inconstitucional, por eso lo que yo propongo es que se retire. En muchos amparos la Corte ha declarado que es inconstitucional establecer una penalidad a un servidor público, imponerle una multa y además inhabilitarlo”, solicitó.
Ricardo Rubio consideró que sería una pena excesiva para los servidores y exservidores públicos que comentan extorsión, pues aseguró que el Artículo 22 constitucional se prohíben este tipo de sanciones.
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FGR
