Integrantes del Partido del Comerciante Popular Trabajador no Asalariado denunciaron que, presuntamente, el gobierno de la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, acosa, persigue y extorsiona a los comerciantes que buscan regularizarse para trabajar en las romerías; además, reclamaron que la funcionaria morenista no les ha dado respuesta.
En conferencia, los afectados explicaron que desde mediados de noviembre solicitaron por escrito en más de una ocasión a la alcaldía abrir convocatorias para vender en las romerías, ya que es la temporada en la que los comerciantes, la mayoría de la tercera edad, pueden recuperar un poco de lo invertido, pero no ocurrió así y reclamaron un supuesto abuso de autoridad.
Adela López Dominga, quien dijo vender pulseras y artesanías en la Avenida Azcapotzalco, reclamó que en días pasados supuestos inspectores de la alcaldía intentaron quitarle su mercancía sin decirle por qué. Aseguró que es un problema recurrente.
“Yo tengo un carrito, venían directo a llevárselo, entre jaloneos, forcejeos e insultos no los dejé y me dijeron que le iban a hablar a los policías, se cayeron mis cosas y pedí ayuda, entonces (otros comerciantes) me ayudaron, yo empecé a llorar.
“Una vez ya me habían llevado y me quitaron toda la mercancía, luego me regresaron sólo la mitad, ese dinero lo ocupo de un día para otro, ahorro para juntar cinco mil pesos”, mencionó.
El coordinador del grupo, León Enrique Espinosa Díaz, recordó durante la campaña electoral, Nancy Núñez prometió entablar mesas temáticas con los habitantes de la alcaldía y, supuestamente, ofreció plazas a cambio de “apoyo”.
El comerciante explicó que los inspectores abordan a los comerciantes para retirar los permisos que tenían anteriormente, para dejarlos sin respaldo para vender; por otro lado, cuando los afectados se acercan a la alcaldía para buscar solución son ignorados.
“Fue abierto el comentario de que había 400 plazas (en la alcaldía) y que las ponía a disposición de quienes le apoyaran en campaña, nosotros le cuestionamos que por qué no había hecho nada por las leyes reglamentarias que están atoradas desde 2018.
“Me sentí lacerado, le dije que no íbamos a pedirle chamba, sólo que nos deje trabajar, pero como cuestioné sobre la ley reglamentaria yo creo que eso no le agradó; antes de eso ya me había dado su tarjeta y hasta entonces nos ha ignorado”, mencionó el hombre.
Espinosa Díaz sostuvo que arrastran este problema desde la administración anterior con Margarita Saldaña, por lo que confiaban en que en el gobierno morenista la situación cambiara.
Los comerciantes además reclamaron que a raíz de la nueva administración hay puestos nuevos a cuyos vendedores nadie les solicita el permiso.
“Los inspectores son el brazo duro, el brazo represor, son quienes los intermediarios, como es el caso de Elías, tiene un pago a Tesorería al que le fue prácticamente retirado su puesto, mientras que instalaron otro, le hicieron una cuenta de poco más de 180 mil pesos con intereses moratorios y le daban la oportunidad de pagarlo en dos exhibiciones”, acusó.
El hombre mostró dos documentos, uno fue al pago a Tesorería que se emitió a través del Sistema de Comercio en la Vía Pública, en otra de sus pruebas, mostró el desglose año por año de los montos solicitados desde 2006 hasta 2024 que van desde los mil 14 pesos a los tres mil 114, de los cuales se pedían cuatro pagos por año.
La coordinadora del comité organizador, María Olarte Herrera, expuso que son alrededor de 600 comerciantes afectados, ya que, presuntamente, Núñez Reséndiz violó el decálogo al que se comprometió apegarse cuando tomó el cargo.
La mujer dijo que en el documento morenista, la funcionaria prometió tratar con humanidad a los habitantes, servir al pueblo, decir no a la corrupción y supervisar que las autoridades no repriman.
“Hay que entender que en esta ciudad hay aproximadamente un millón 500 mil personas dedicadas al comercio popular, de los cuales el sistema solamente contempla poco más de 180 mil, con esto pensamos que se está impidiendo los pagos a Tesorería para tener el permiso para después soltar a los inspectores con quienes se genera un entre para que sigan dejando trabajar.
“Se hizo imposible pagar las cuotas de pandemia en 2020, 2021 y 2022, porque para las autoridades no existió pandemia, nos hicieron cuentas, aunque no nos permitieron trabajar por un control sanitario”, reclamó.
Agregó que se rumora que la directora general de Gobierno de Azcapotzalco ordenó duplicar la cuota, lo cual les alarmó y especificó que la cantidad de dinero solicitado depende del comerciante.
Los inconformes presentaron un escrito dirigido a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en el que denuncian los hechos; advirtieron que en caso de no tener respuesta, acudirán a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
“Siguen con el mismo grupo de choque, con estos inspectores el cual arremeten no sólo contra su servidora, sino con compañeras como Adela que su lengua es el náhuatl y muchas veces no entiende lo que dicen, si uno que entiende lo que dicen y se siente uno rebasado por el abuso de autoridad, hay violencia verbal y acoso”, aseguró.
La Razón buscó a la alcaldesa Núñez Reséndiz para hablar sobre los señalamientos a su administración, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
