Batres envía iniciativa al Legislativo

Abre debate en Congreso propuesta de prisión por corrupción inmobiliaria

En la iniciativa, el Jefe de Gobierno plantea dar hasta 20 años de cárcel e inhabilitación por el mismo lapso por este delito; PAN y Morena intercambian reproches

Sesión en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 8 de enero.
Sesión en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 8 de enero. Foto: Especial

Opiniones encontradas generó entre diputados de Morena y de la oposición, la propuesta que el Jefe de Gobierno, Martí Batres, envió a la Comisión Permanente del Congreso capitalino para crear el delito de “corrupción inmobiliaria”, aunque ambos bloques coincidieron en la necesidad de debatir sobre el tema.

En su proyecto, el mandatario plantea modificar el artículo 276 Quater del Código Penal para el Distrito Federal, para establecer: “Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción o por omisión, o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.

Además, propone que la sanción por las conductas descritas sea de 10 a 20 años de prisión, además de la inhabilitación por el mismo lapso cuando el servidor público responsable obtenga un beneficio con su acción u omisión.

Nos preocupa que el Jefe de Gobierno solamente se esté yendo por encimita, en seguimiento de lo que ya es evidente, la campaña de Morena de desprestigio hacia la oposición
Luisa Gutiérrez, Coordinadora de diputados del PAN

En la exposición de motivos, la iniciativa señala: “Las consecuencias de la corrupción afectan a todos los miembros de la sociedad al socavar la confianza entre individuos y gobiernos, debilitar las instituciones democráticas y entorpecer el desarrollo económico, así como aumentar la desigualdad, la pobreza”.

El documento expone que el delito ocasiona perjuicios al manipular el valor de uso de suelo, además de que obstaculiza el desarrollo de la vivienda social en beneficio de la construcción de inmuebles que aseguran mayor plusvalía para desarrolladores y propietarios.

Al respecto, la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Luisa Gutiérrez, aseguró que en su partido se ha platicado del tema, y se ha hablado de que es importante debatir, pues los panistas también tienen un paquete de iniciativas que van más allá de penas privativas de la libertad, mismas que serán presentadas cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de febrero.

“Nos preocupa que el Jefe de Gobierno solamente se esté yendo por encimita, en seguimiento de lo que ya es evidente, la campaña de Morena de desprestigio hacia la oposición”, expuso.

Morena, sin duda, acompañará esta iniciativa del Jefe de Gobierno, que es por el bien de la ciudad, es un gran avance que se establezca la corrupción inmobiliaria en el Código Penal
Nancy Núñez, Diputada de Morena

La legisladora añadió que la corrupción inmobiliaria sucede en toda la Ciudad de México y apuntó que es un fraude que se hace a través del Instituto de Vivienda (Invi) para engañar a las personas, a quienes les ofrecen créditos que nunca terminan por consolidarse.

“Es importante analizar todas las causas que generan agravios en la capital y que avanzan de manera rápida. Se está utilizando de manera discursiva el problema, pero no se están atendiendo las causas”, sostuvo.

Gutiérrez destacó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) es uno de los organismos públicos que debe ser investigado, ya que es el que debe revisar que las construcciones cumplan con los requisitos de ley, pero no lo hace.

“Lo único que hace una alcaldía respecto a un acta de verificación, es solicitarle al Invea que, de acuerdo con una solicitud ciudadana, se lleve a cabo una revisión; si el verificador del Invea llega a un acuerdo con el constructor, el acta se hace mal, sin que se cumplan los requisitos que piden para cumplir con la formalidad de las actas”, sostuvo.

Lo que nosotros tenemos que dar es un marco jurídico para que en un supuesto de un acto ilegal e ilícito, existan sanciones para la gente, en especial, para los servidores públicos
Jesús Sesma, Diputado del PVEM

Por lo anterior, hizo un llamado para que todos se hagan responsables de la cadena de mando y acusó que Batres de no estar actuando institucionalmente, ya que, dijo, “es muy fácil querer echar culpas solamente por querer aumentar los decibeles en un acto desesperado de campaña, sólo porque la candidata no prende”.

La panista acusó a Morena de busca fabricar carpetas y plantar conductas para buscar encuadrar delitos, ya que se están concentrando en señalar, más no en atender el delito de raíz.

En tanto, la morenista Nancy Núñez afirmó que su partido respaldará la iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno, derivada de las consecuencias que ha dejado dicho delito, “principalmente en Benito Juárez, que es donde salen todos estos pisos de más”.

La legisladora expuso que la propuesta es necesaria para poner un límite a los funcionarios que buscan enriquecerse a través de la corrupción y le pareció buena idea que se contemplara el castigo para familiares o terceras personas.

“Morena, sin duda, acompañará esta iniciativa del Jefe de Gobierno, que es por el bien de la ciudad, es un gran avance que se establezca la corrupción inmobiliaria en el Código Penal. El tema del Cártel Inmobiliario salió a la luz por una explosión en un edificio en la Benito Juárez que fue producto de que no tenían las medidas necesarias”, manifestó.

En este contexto, el diputado y secretario general del PVEM capitalino, Jesús Sesma Suárez, opinó que a simple vista la iniciativa es correcta, pero se debe visualizar la cuestión técnica.

“Lo que tenemos que hacer es dejar claro que necesitamos acciones para cuando ocurra este delito, pero por supuesto que nosotros apoyaríamos”, sostuvo el legislador.

Resaltó que la iniciativa no se debe tornar dirigida hacia una sola persona, sino que las legislaciones deben velar por el interés común y garantizar que las obras se lleven a cabo de manera legal para beneficiar a la ciudadanía.

“Lo que nosotros tenemos que dar es un marco jurídico para que en un supuesto de un acto ilegal e ilícito, existan sanciones para la gente, en especial, para los servidores públicos”, concluyó.