El pasado 13 de diciembre, Morena y sus aliados hicieron uso de su mayoría para que se diera por terminada la sesión del Congreso capitalino en la que se votaría el dictamen sobre la ratificación de Ernestina Godoy Ramos para un periodo más al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Debido a que los partidos asociados a la Cuarta Transformación no contaban con las dos terceras partes necesarias para aprobar la ratificación, los diputados de Morena se dedicaron a hacer tiempo, en lo que panistas calificaron como “machincuepas” para empujar que el tema se fuera para enero del próximo año, en un periodo extraordinario.
El asunto quedó empantanado desde el 9 de noviembre, a raíz de un reportaje del periódico estadounidense The New York Times que revelaba aparentes acciones de espionaje y de una guerra verbal entre la fiscal y personajes del PAN.
Ese día, Ernestina Godoy ofreció una confer de prensa, en que sentenció: “Si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”.
Y agregó: “Nuestra investigación no es una persecución política o fabricación de culpables, tampoco un espejismo; lo que hemos puesto en descubierto es una amplia red de corrupción por personajes vinculados al grupo que gobierna Benito Juárez desde el 2015”.
Horas más tarde el New York Times publicó una reportaje en el que dio cuenta de un supuesto rastreo de información telefónica por parte de la Fiscalía capitalina en contra de algunos personajes de la oposición, pero también de algunos de Morena.
De acuerdo con la publicación, la Fiscalía pidió a la empresa Telcel los registros telefónicos de al menos 14 actores, entre ellos el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; la senadora del PAN Lilly Téllez, el senador de Morena Higinio Martínez y el entonces administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, también morenista.
La publicaciòn generó una ola de reclamos por parte de panistas, y se fortaleció la decisión de votar en contra de la ratificación de Godoy cuando ésta fuera sometida a votación en el Congreso de la Ciudad de México.
Esta embrollo también orilló a cada una de las bancadas de la oposición a dejar clara su postura, en especial la del PRI, en donde aún quedaban algunas dudas sobre si apoyarían o no la continuidad de Godoy.
Finalmente se definió que los ocho legisladores de esta bancada irían en contra, lo que prácticamente terminó con cualquier posibilidad de que Morena lograra la mayoría calificada que necesitaba en el Congreso local.
