Las comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales del Congreso capitalino aprobaron un dictamen con el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer que ninguna persona violentadora en razón de género o deudora alimentaria pueda ocupar un cargo en el servicio público ni de elección popular en la metrópoli.
El dictamen, surgido de una iniciativa presentada por las diputadas Martha Ávila, de Morena, y Gabriela Quiroga, del PRD, fue aprobado con 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La modificación consiste en adicionar al artículo 10 apartado C de la Constitución local una fracción 11, en la cual se establece que ninguna persona que cuente con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni podrá registrarse como candidato a cargos de elección popular.
El mismo criterio se aplicará para quienes tengan en su contra sentencia firme por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, o violencia política en contra de las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades o tipos establecidos en la legislación.
De igual forma, tendrá prohibido ocupar cargos públicos “toda persona que se encuentre inscrita en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente”, señala el documento aprobado.
El dictamen también implica la modificación del artículo 27 apartado B numeral 7, por lo que se deberán establecer los mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
La diputada Martha Ávila, de Morena, indicó que esta reforma aplicará para todos los servidores públicos sin importar su nivel, “desde el más alto hasta el más bajo, para cualquier servidor del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos”.
Se prevé que el dictamen sea presentado ante el pleno el próximo 23 de noviembre y que a la discusión acudan representantes de las colectivas feministas que impulsaron el tema ante el Congreso de la Ciudad de México.
Una vez que el dictamen sea aprobado deberá remitirse al titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.
El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación con excepción de las discusiones en materia electoral, las cuales entrarán en vigor a partir del día siguiente que concluya el proceso electoral ordinario 2023-2024.
