Buscan reconocimiento del trabajo sexual y tener acceso a derechos

La cofundadora de la Coalición Laboral Puteril (CLAP), Natalie Lane, afirmó que el objetivo de esta asociación es que el trabajo sexual sea reconocido como una elección y proyecto de vida para tener acceso a los derechos que gozan quienes laboran formalmente.

La activista expresó que, como cualquier ciudadano, las personas trabajadoras sexuales requieren seguridad social, así como que tengan la posibilidad de prestaciones, jubilaciones, convenios para adquirir vivienda y otros aspectos.

“También buscamos poner alto a las violencias, no sólo las que vivimos en la calle o con los clientes, sino con las instituciones, por parte del Estado, de los sistemas de salud pública, la sociedad, la familia. Al trabajar en el ámbito sexual nos atraviesan muchas violencias de distinta índole”, dijo en entrevista con La Razón.

De acuerdo con la Encuesta trabajo sexual, derechos y no discriminación, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, muestra que, de las 224 personas trabajadoras sexuales entrevistadas, 30.5 por ciento indicó que sufrió violencia por parte de vecinos y población en general; además, 27.3 por ciento respondió que la violencia sufrió en varias ocasiones.

El informe detalla también que 36.5 por ciento de las personas encuestadas aseguró haber sufrido violencia por parte de alguna autoridad.

La CLAP, presentada el 7 de mayo, es un grupo de personas trabajadoras sexuales en sus diferentes modalidades ya sea calle, plataformas digitales, generación de contenido erótico, acompañamiento socioafectivo, cabinas, casas de citas, entre otras, que tiene como objetivo incidir en la mejora de condiciones laborales.

Actualmente la asociación está conformada por cerca de 80 personas afiliadas de todas las identidades, es decir, mujeres cis y trans, hombres cis, trans, personas no binarias, provenientes de la Ciudad de México y Mérida, Yucatán.

La Coalición Laboral Puteril busca que las personas trabajadoras sexuales formen parte de la toma de decisiones en política pública, iniciativas, y se tome en cuenta sus voces.

“El aporte económico que hacemos las personas que nos dedicamos al trabajo sexual es muy grande, es incuantificable la derrama (económica) que se deriva de nuestro trabajo por la condición de clandestinidad”, dijo la activista.

Natalia Lane mencionó que actualmente quienes integran el colectivo llevan a cabo rutas nocturnas para afiliar a más personas para la impulsar la formación política.

“Hemos creados dos comités: uno estratégico-político que busca hacer incidencia en políticas públicas, pero no tenemos ninguna afiliación partidista.

“También está el de base comunitaria, que se encarga de ir a la calle, para que las compañeras conozcan del proyecto y hacer vinculaciones con proyectos de salud”, explicó.

La también trabajadora sexual, quien en enero de 2022 fue víctima de un intento de transfeminicidio, mencionó que en México no hay cifras exactas sobre cuántas personas ejercen el trabajo sexual, ya sea porque nadie las cuenta, porque no se hacen públicos los datos, por seguridad o vergüenza.

Ante esta situación, la activista consideró que es necesario que haya una institución que se encargue de tener un censo de este sector de la población.

“La batalla cultural es la más difícil, enfrentar estigmas y prejuicios afuera es más difícil, incluso más allá de las batallas legislativas. Podemos tener derechos laborales reconocidos en papel, pero el derecho escrito no significa derecho ejercido.

“Lo que le incomoda a la gente es ver a una mujer pobre ejerciendo trabajo sexual parada en una esquina, porque a esta sociedad le da miedo hablar de sexualidad”, subrayó.

UNA OPCIÓN TRAS PANDEMIA. Natalia Lane expuso que el trabajo sexual aumentó en los últimos años a partir de la pandemia por Covid-19 de manera presencial o la venta de contenido en plataformas digitales.

En 2021, la asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” reportó que antes de la emergencia sanitaria había cerca de siete mil 700 personas trabajadoras sexuales y tras la pandemia la cifra rebasó las 15 mil en la Ciudad de México.

Natalia Lane también cuestionó que “el feminismo blanco” no tiene conciencia de clase al no entender que las realidades de cada mujer son distintas.

“La trata tiene que ver con la delincuencia organizada, grupos criminales que se dedican a la extorsión, al cobro de piso, lo cual debe atender el estado como una prioridad.

“El Estado tiene la responsabilidad de combatir la trata de personas con fines de explotación sexual”, agregó, pues eso diferencia al trabajo sexual: la voluntad y consciencia para ejercerlo.

La activista expuso también que, por lo general, las redes de trata llegan a la capital desde estados como Guerrero, Tlaxcala, Puebla.