El Congreso de la Ciudad de México aplazó hasta el 1 de enero de 2030 la entrada en vigor de la Ley 3 de 3 que impide a agresores de mujeres y deudores alimentarios morosos formar parte del gobierno o ser postulados a cargos de elección popular. La propuesta inicial era que la aplicación del precepto iniciara el sábado.
La legisladora del Partido de la revolución Democrática (PRD), Polimnia Romana Sierra Bárcena, presentó una reserva ante sus pares para que dicha aplicación entrara en vigor el sábado 31 de agosto; sin embargo, sin discusión en el Pleno se aprobó que sea dentro de seis años.
Lo anterior, significa que durante los próximos seis años los funcionarios públicos con antecedentes de agresiones sexuales, acoso u otros delitos de género podrán ejercer y ser candidatos a puestos de elección popular.
“Se propone que se conserve la redacción original del Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017 para que las disposiciones relativas a los derechos laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y sus trabajadores entren en vigor el 31 de agosto de 2024, para no afectar la vigencia de la llamada Ley 3 de 3”, dice la reserva de la perredista.
Sierra Bárcena dijo a La Razón que se abrió la puerta para puntos constitucionales el 19 de agosto y el diputado panista, Diego Garrido, aprovechó para dictaminar una iniciativa en materia de refugios de mujeres y niños, pero durante dicha sesión se agregó un transitorio que afectaría la aplicación Ley 3 de 3 en este año.
Explicó que la Constitución local de 2017 señala que entrará en vigor la ley el 31 de agosto de 2024, pero se aplazó seis años más, debido a que van dos legislaturas en las que no se ha creado el Tribunal.
“El transitorio es para que todo el artículo 10, en el numeral C de la Constitución local no entre en vigor el 31 de agosto de este año, sino dentro de seis años. Fue Fernando Mercado (próximo alcalde en Magdalena Contreras), quien lo propuso… dos legislaturas patearon el bote y se dieron cuenta la semana pasada”, aseguró.
La modificación que fue publicada el 24 de noviembre de 2023 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, contempla que ninguna persona que sea deudor alimentario, cuente con sentencia firme por delitos de violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género o cualquiera de sus modalidades, podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio al público ni podrá registrarse como candidato a cargos de elección popular.
Polimnia Romana consideró que es una situación complicada, indicó que cualquier funcionario podrá ser deudor alimentario o estar relacionado por delitos de género sin que haya un Tribunal que frene el problema.
“Todos los deudores, violentadores o acosadores que han sido evidenciados por el Gobierno de la Ciudad los corrió la entonces Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), pero porque ella quiso, no porque hubiera algo que impidiera que estén ahí, fue por buena voluntad.
“Esto nos pone en riesgo en un dictamen que se supone que va a favor de las mujeres, no hubo discusión, porque nadie supo lo que voto”, dijo.
De acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de enero a abril de 2023 hubo registro de 45 deudores alimentarios y dos cancelaciones, mientras que en el mismo lapso, pero de 2024 reporta ocho inscritos y cero cancelaciones.
Al cuestionar a la diputada de Morena, Valentina Batres, dijo desconocer el tema, ya que entendió que se armonizarían leyes secundarias respecto a la reforma a la Constitución, por lo que consultaría la lectura que ya se había aprobado para entonces.
Asimismo, su compañera de bancada, Ana Francis López, omitió dar su postura al respecto, pero señaló que se trataba de una imprecisión.
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, aseguró a este diario que no estaba enterada de dicha aprobación, pues pensó que se trataba de un asunto únicamente de trabajadores y el aumento de salarios.
“La verdad no tengo la certeza, estoy con la idea de que íbamos a reformar lo de los albergues para solucionar el tema, no me queda claro que esté vinculado con la Ley 3 de 3.
“Ahora que nos registramos como candidatos presentamos el documento que certifica que nos somos deudores alimentarios, ya era un requisito, habría que ver el tema de lo que aprobamos porque estoy de acuerdo de que no haya ningún deudor ni violentador en el servicio público”, indicó.
APOYO A LA NIÑEZ. Asimismo, se aprobó la modificación a la Constitución Política local para incorporar estrategias de prevención y reparación para las víctimas de la violencia en contra de las mujeres y niñas por cuestión de género.
Dichas modificaciones buscan fortalecer el marco normativo y obligar a las autoridades competentes a robustecer, así como procurar los recursos necesarios para preservar servicios de calidad y salvaguardar a las mujeres y menores de edad.
El diputado de PVEM, Javier Ramos Franco, propuso que la capital debe contar con más refugios para mujeres y víctimas de violencia en todas las alcaldías.
El Congreso también avaló reformas al Código Penal para que los delitos sexuales en contra de menores de edad no prescriban para así evitar la impunidad y asegurar a las víctimas el acceso a la justicia sin importar el tiempo transcurrido.
“Se busca garantizar que las víctimas tengan la oportunidad de buscar justicia en cualquier momento y que los responsables sean llevados ante las autoridades, incluso muchos años después de haber cometido el delito”, dijo el diputado de Morena, José Rivero Villaseñor.
