Afectado documenta 900 casos

Batallan por estela de daños ligados a Cártel inmobiliario

Vecinos mantienen reclamos abiertos por afectaciones a sus viviendas; señalan como causa la edificación de torres que ahora son investigadas por la Fiscalía General de la CDMX

El edificio de 5 de Febrero 1073, colonia Américas Unidas, en imagen captada ayer.
El edificio de 5 de Febrero 1073, colonia Américas Unidas, en imagen captada ayer. Foto: Eunice Cruz, La Razón

Ricardo Guerrero vive en la colonia Américas Unidas de la alcaldía Benito Juárez. Desde hace casi diez años ha vivido un calvario en busca de que se haga justicia, pues su casa sufrió afectaciones debido a la construcción irregular de un edificio, realizada durante la administración de Jorge Romero en la entonces delegación.

En el 2013 fue levantado un edificio en el número 1073 de la calle 5 de Febrero, y desde entonces la casa de Ricardo —contigua— empezó a presentar fisuras e inclinación de muros, a lo que le siguieron daños en entrepisos, techos y fallas en el desagüe, en los baños y en la cocina.

Ante la falta de respuesta de autoridades de la delegación Benito Juárez, el vecino decidió investigar por su cuenta, en el 2015, las causas de los daños en su vivienda. Para ello mandó hacer peritajes en ingeniería civil y arquitectura, los cuales concluyeron que la causa fue la construcción del inmueble.

Entonces Ricardo Guerrero inició una larga batalla porque se hiciera justicia; pero en el 2017, la Contraloría General de la Ciudad de México —durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera— determinó que no había irregularidades.

La Contraloría se basó en una respuesta de Nicias René Aridjis Velázquez, entonces director de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, en la que expuso que todo estaba en orden.

El vecino explicó: “Mi denuncia la expusieron a Nicias y él se justificó con un documento de una supuesta visita técnica firmada, la cual aseguraba que todo estaba en regla”.

Pero Guerrero se aferró a su postura y continuó con las solicitudes de información para demostrar que había irregularidades.

Diez meses más tarde, la alcaldía le entregó el documento con el que Nicias había justificado que supuestamente no había irregularidades, pero las firmas ya no coincidían.

Ahora, este inmueble forma parte de la investigación que tiene vigente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta corrupción, y con base en la cual está en la cárcel precisamente a Nicias Aridjis.

Ricardo Guerrero dijo a La Razón que este caso es sólo la punta del iceberg de un sinfín de irregularidades que han dejado daños en viviendas como las que él padece.

En un mapeo que recientemente realizó mediante recorridos y el uso de Google Maps, Guerrero encontró al menos 900 inmuebles construidos con irregularidades en los últimos 15 años en la alcaldía Benito Juárez, con afectaciones a vecinos cercanos debido a que no se respetaron las colindancias, como pasó en su caso.

Tan sólo respecto al edificio de 5 de Febrero número 1073 también fueron afectadas las casas que están del lado izquierdo y en la parte trasera, aunque sus habitantes han evitado cualquier contacto con los medios.

Debido a su activismo en el tema, Ricardo se ha convertido en un asesor de vecinos afectados que se han acercado a él en busca de que sean reparados los daños en las casas y que se haga justicia, algo que aún no han logrado.

Recientemente, Ricardo Guerrero presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía capitalina y entregó una lista de 226 inmuebles con irregularidades como prueba, ubicados en Eje Lázaro Cárdenas y las colonias Santa Cruz Atoyac, Del Valle y Narvarte, entre otros.

Apenas el 17 de este mes le dijeron en la Fiscalía capitalina que en el Ministerio Público hay órdenes de cerrar su caso, por la caducidad de las acusaciones.

Sin embargo, Ricardo asegura que no se dará por vencido y que se mantendrá en la lucha hasta lograr que le sean resarcidos los daños.

La indagatoria sigue. El pasado jueves la Fiscalía informó que se investiga a siete personas entre dueños y copropietarios de inmuebles, por su participación en la red de corrupción.