El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que las quejas por corrupción, violencia y otras irregularidades disminuyeron 78.1 por ciento entre 2020 y 2023 tras la implementación de Comisiones contra la Corrupción Policial y la Violencia a las Mujeres Policías.
En conferencia, el presidente de la organización civil, Salvador Guerrero Chiprés, detalló que en 2020 las denuncias recibidas fueron mil 212 y para 2023 la cifra disminuyó a 748.
La entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó este modelo de comisiones el 16 de julio de 2019 con el objetivo de fortalecer los procesos internos de investigación y sanción de los posibles casos que se presenten en las instituciones de seguridad.
A partir de este momento el Consejo Ciudadano comenzó con la atención de quejas y en ese segundo semestre del año registró 975 casos.
“Se buscó impulsar un mecanismo de monitoreo de lo que estaba pasando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los jueces. Este esquema tiene el propósito de saber qué ocurre con las interacciones de los policías, Ministerios Públicos y jueces”, indicó Guerrero Chiprés.
De acuerdo con los datos del Consejo Ciudadano, del total de quejas cuatro mil 117 fueron tramitadas por parte de ciudadanos y 739, por mujeres u hombres policía.
Los principales grupos de edades que llevaron a cabo los trámites fueron el de 31 a 35 años con 13.5 por ciento, seguido del de 26 a 30 años con 12.7 y de 36 a 40 con 11.6 por ciento.
Al referirse sobre los reportes ciudadanos, Guerrero Chiprés detalló que 47.2 por ciento requirió orientación por inconformidades respecto a policías, policías de investigación de la Fiscalía, Ministerios Públicos y jueces; 29.8 reportó corrupción, 10.2 por ciento faltas administrativas 4.3 violencia y 2.1 corrupción y violencia. El resto denunció otras problemáticas.
En el caso de las mujeres policías, el Consejo registró 413 reportes, de los cuales 57.4 por ciento fue por violencia, principalmente por agresiones sexuales, discriminación y hostigamiento laboral.
Además, 24.9 por ciento de las uniformadas solicitó orientación para informarse respecto de policía y otras autoridades; asimismo, 11.4 denunció presuntos actos de corrupción; 3.4 por ciento, corrupción y violencia y 2.9 por ciento, otras irregularidades.
En contraste, por parte de policías hombres la organización civil recibió 326 reportes, de los cuales 45.8 fueron por orientación detallada para inconformarse respecto a otras autoridades y el resto, por otras incidencias, entre ellas, violencia contra una compañera policía.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la corrupción, delito que se busca combatir con este modelo de comisiones clasificado como único en el mundo, registra una alta tasa de percepción sobre su frecuencia en la capital.
El informe detalla que, en el último bimestre de 2023, la Ciudad de México ocupó el tercer lugar de las entidades en donde la población consideró recurrentes los actos de corrupción con 87.8 por ciento.
Además, la tasa de víctimas por este delito por cada 100 mil habitantes fue de 15 mil 739 durante todo 2023, indicó el Inegi.
DEJAN MICROCELULARES. Entre enero y mayo del presente año la Fiscalía capitalina reportó 229 cindagatorias por el presunto delito de extorsión.
De acuerdo con Guerrero Chiprés, desde 2019 el Consejo Ciudadano rechazó que la mayoría de las extorsiones en la capital del país sean llevadas a cabo desde centros penitenciarios.
Comentó que son una minoría los ilícitos de este tipo cometidos dentro de las cárceles al exterior, ya que los dispositivos móviles que se utilizan cada vez requieren más tecnología o son más inteligentes, por lo que es más difícil introducirlos a prisión.
“Sostenemos desde hace cinco años que la mayoría de las extorsiones ocurre desde teléfonos que están fuera de los centros penitenciarios porque el volumen de intentos de extorsión es tan grande que es imposible que toda la gente esté reunida al mismo tiempo desde los centros ni siquiera el 10 por ciento”, dijo.
Guerrero Chiprés expuso que en algunas cárceles de la Ciudad de México se crea la necesidad de utilizar el celular, lo que genera problemas en dichos lugares por el uso que se les da, el cual no es necesariamente para extorsionar a personas del exterior, sino a reclusos para hacer llamadas a sus familiares a cambio de dinero.
Detalló que en los centros penitenciarios sestán prohibidos los teléfonos para evitar actos delictivos desde la prisión en contra de personas en el exterior.
“Crean artificialmente la necesidad del teléfono celular que importan de manera ilegal. Hace seis años se usaba un teléfono de aproximadamente tres centímetros, todavía está a la venta, desde ellos se hacían las extorsiones por su facilidad de introducirlo en el Sistema Penitenciario”, explicó.
El teléfono cuesta alrededor de 400 pesos y se puede conseguir a través de páginas de Internet; sin embargo, Guerrero Chiprés aseguró que ya no es común que los extorsionadores utilicen este tipo de dispositivo.
