El Jefe de Gobierno, Martí Batres, celebró la publicación de Reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria, la cual establece una pena de prisión de 10 a 20 años, con independencia de las penas que se impongan en otros delitos.
Durante una conferencia, el mandatario comentó que el Congreso de la Ciudad de México decretó la creación del capítulo 15 y el artículo 276 quarter del título décimo octavo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
De esta manera, se establece que comete corrupción inmobiliaria aquel servidor que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles con pisos ilegales a los autorizados.
“Cuando las obras se permiten sin ton ni son, sin orden, sin cumplir requisitos, sin cumplir con cada paso, ocurren situaciones como la de edificios nuevos que se derrumban con un temblor o, para referirme a un caso gravísimo reciente, la perforación de instalaciones estratégicas, como un túnel del Sistema Colectivo Metro, a eso nos lleva ese desorden, dijo Batres Guadarrama.
Añadió que las penas de prisión incrementarán en una mitad cuando se produzcan beneficios económicos ya sean efectivo o en especie al propio servidor público o hasta cuartas personas.
Cuando se permite la construcción masiva de niveles extraordinarios no autorizados por la ley, se reduce la factibilidad y disponibilidad del agua, aumenta el costo del suelo, el costo de la viviendaMartí Batres Guadarrama<br>Cargo cargo cargo cargo
El mandatario negó que este delito se trate de un efecto mediático, como señala la oposición, pues, expuso, por medio de las denuncias recibidas por Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Gobierno encontraron aproximadamente en un año y medio 130 obras irregulares con pisos de más.
“Algunos ejemplos son Adolfo Prieto 1224, que tenía permiso para cuatro niveles y se permitieron ocho, en la misma calle pero en el número 1743 tenía permiso para seis y se hicieron nueve, en Avenida Coyoacán 1524 se construyó un piso de más, en Mercaderes 68, había permiso para cuatro y se hicieron seis”, destacó Batres Guadarrama.
El jefe capitalino acusó a la alcaldía Benito Juárez de acudir al Poder Judicial de la Federación para reivindicar las atribuciones en materia de otorgar permisos de construcción. Aclaró que la Seduvi únicamente tiene la tarea de zonificar y sólo otorga permisos a megaproyectos.
En 2022, la Fiscalía General de Justicia local habilitó un portal web para informar sobre los desarrollos inmobiliarios en la alcaldía Benito Juárez, relacionados con lo que llama el Cártel Inmobiliario.
Los datos muestran que de 2012 a 2022, las autoridades detectaron 130 obras que rebasan los niveles permitidos según el uso de suelo. En total son 264 niveles excedentes.
El coordinador territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, dijo que le corresponderá a los fiscales, Ministerios Públicos, peritos y policías de investigación, poner en el centro a las víctimas y hacer las investigaciones correspondientes por este tipo de ilícito que entre hoy en vigor.
“Nuestros ministerios públicos tendrán mejores herramientas para llevar a cabo si labor y encuadrar este tipo de conductas en las carpetas de investigación y pondremos ante jueces los resultados de las indagatorias para prevenir la creación de redes de corrupción y de sobornos en las 16 alcaldías”, comentó.
El funcionario dijo que al menos han asegurado al menos 60 inmuebles irregulares, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Oregon y Coyoacán.
Lara López prometió que se pondrá freno a los permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente beneficios económicos o de propiedades; además, mencionó que se emitirán omisiones en materia de normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
El encargado de la Fiscalía mencionó que recientemente este órgano comprobó una red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez que toleró la construcción de pisos excedentes y derivo en ganancias adicionales a desarrollados inmobiliarios, quienes devolvieron “los favores” a cambio de departamentos o el remate de ellos a través de transacciones a presta nombres o familiares de servidores públicos de dicha demarcación.
“Hasta el momento hemos obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos y particulares, llegamos a la conclusión de dos juicios donde se acepta la culpabilidad de las personas procesadas y su reparación del daño, seguimos en la integración de otras carpetas de investigación que en su momento daremos detalles”, expuso.
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, advirtió que los proyectos de corrupción inmobiliaria afectan directamente el abasto de agua, ya que sobrepasan lo que la capital puede abastecer.
Mencionó que este delito afecta a la ciudadanía en varios aspectos, pues tampoco hay certeza jurídica, por ello celebró la reforma y compartió que se pondrá un alto al daño al tejido urbano..
