Por amenazarlos para favorecer con un nuevo convenio a Joad Limpieza y Servicios, Servicios Inmobiliarios Iroa y Aseo Privado Institucional, firmas que se quedaron sin un contrato de 2021 a 2023 por decisión del Órgano Interno de Control (OIC), integrantes de las gerencias de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron al director de Administración, Jordi Messenguer.
En marzo de 2021 se entregó a Joad Limpieza y Servicios, Servicios Inmobiliarios Iroa, Aseo Privado Institucional y Tecnolimpieza Delta un contrato por 520 millones de pesos para la limpia de las dos terminales, pero durante las últimas semanas el titular del OIC, Guillermo Solís Cruz, echó atrás la presentación de propuestas y el fallo de la adquisición LA-009KDN001-E37-2021, etapas que ahora se repiten.
El nuevo veredicto se fechó para este jueves 7 de julio, luego de un aplazamiento; sin embargo, entre las concursantes se encuentran nuevamente las mencionadas, aunque Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa se presentaron en consorcio con montos por 97 millones de pesos para la terminal 1 y de 83.3 millones de pesos para la terminal 2; mientras que Joad Limpieza y Servicios acudió solo por la terminal 2, por la que ofertó 83.7 millones de pesos.
Dichos montos son los más onerosos entre las cinco proposiciones recibidas el 1 de julio, situación que recuerda los señalamientos por sobrecostos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar tras un cuestionamiento planteado en una de sus conferencias matutinas a mediados de 2021.
Los firmantes de la petición para indagar al funcionario indicaron que los costos por encima del mercado fueron observables desde el año pasado y persisten en la actualidad; sin olvidar que Messenguer Gally tiene “intereses personales y económicos con las empresas”, que supuestamente saltan a la vista al considerar el tiempo que las ganadoras iniciales permanecieron en el servicio, aun cuando existieron incumplimientos que debían resultar en la rescisión del acuerdo, pero que según los quejosos, se dejaron de observar y se corrigieron “por instrucciones expresas y precisas del director de administración”.
En cuanto a Servicios Inmobiliarios Iroa, por ejemplo, fue detectada una denuncia de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel) para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) averigüe la presunta evasión de obligaciones obrero patronales con el 65% de los trabajadores que debería tener inscritos, y sobre los que debería realizar aportaciones al fondo de retiro e Infonavit.
En ese sentido, afirmaron que Messenguer Gally les instruyó que “si las fallas de API (aseo privado institucional) no son salvables, entonces hagan lo necesario para descalificar a todos y se declara desierta la licitación”.
Así, sobre la documentación de Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa aseveraron que no cumple con los requisitos debido a que Montserrat Sánchez Flores signó los manifiestos de no conflicto de intereses pero José Roberto Ortíz Álvarez, es el representante legal que da seguimiento al proceso.
“Le ofrecemos una disculpa por realizar esta denuncia de manera anónima, pero tenemos razones suficientes y fundadas para temer por nuestra situación laboral, nuestra integridad física y la de nuestros familiares”, se lee al finalizar el escrito enviado a Solís Cruz.
fgr
