Casi ocho meses después de la tragedia que marcó a la Ciudad de México este año, la justicia para las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro ha llegado a medias, pues a pesar de los apoyos que se han dado a las víctimas, directas o indirectas, ninguna de las personas responsables ha pisado la cárcel.
La Fiscalía capitalina apenas logró imputar a 10 servidores públicos, personas físicas y representantes legales, como probables responsables de los hechos, por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, aunque aún no ha solicitado siquiera órdenes de aprehensión en su contra.
El desplome de una trabe, que arrastró consigo dos carros de un convoy, ocurrió cerca de las 22:30 horas el 3 de mayo, entre las estaciones Olivos y Tezonco, y dejó sin vida a 26 personas y a otras 98 más con lesiones; algunas de estas últimas hasta la fecha no se han recuperado del todo.
Por este percance, considerado una de las tragedias más grandes en la historia del Sistema de Transporte Colectivo Metro desde su apertura en 1969, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) señaló a 10 funcionarios y exfuncionarios por su presunta responsabilidad en el hecho —entre ellos a quien fue director de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas—.
Sin embargo, en estos meses ya se ha pospuesto en dos ocasiones la audiencia contra los señalados.
MOMENTOS
La audiencia inicial estaba prevista para el 25 de octubre pasado, pero se postergó para el 3 de diciembre, luego de que los abogados argumentaron que no conocían la carpeta de investigación que inició la FGJ, completa; la segunda ocasión se aplazó para marzo del siguiente año, debido a que la defensa solicitó que se entregue a todas las partes el acuerdo reparatorio hacia las víctimas, que firmaron las empresas que participaron en la construcción de la llamada Línea Dorada.
La próxima audiencia a la que deberán acudir los 10 señalados por la presunta responsabilidad en este hecho está marcada el 7 de marzo del 2022, en tanto que se estableció un acuerdo reparatorio para las víctimas, en el que participarán las empresas que construyeron la obra, el cual permanece como “confidencial”.
El exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, uno de los exfuncionarios señalados por la Fiscalía y quien no acudió a la audiencia inicial, también deberá estar presente en la audiencia, después de que, el 7 de diciembre, un juez negó la suspensión definitiva ante cualquier orden de arresto contra el exfuncionario.
Enrique Horcasitas solicitó la suspensión del proceso en su contra el 3 de diciembre, fecha para la que se había aplazado, por primera vez, la audiencia inicial por el caso.
El argumento de la defensa de Horcasitas, para suspender dicha audiencia, ha sido que ya existe un acuerdo reparatorio entre el Gobierno capitalino y Grupo Carso, empresa encargada de una parte de la construcción de la Línea 12.
El caso ha generado polémica, inclusive tras las declaraciones de la propia titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, quien declaró que lo que la defensa de éste busca es “beneficiarse” de un acuerdo que existe para dos partes específicas.
De acuerdo con el peritaje preliminar de la empresa noruega DNV —que coincide con el elaborado por la Fiscalía—, el colapso de la trabe se debió a fallas en la construcción de la obra, desde la falta de pernos, soldaduras ineficientes y discrepancias con el diseño y la ejecución de los trabajos para la línea, cuya inauguración ocurrió en octubre del 2012.
Mientras se desarrolla el proceso judicial, el Gobierno capitalino despliega las acciones de rehabilitación del tramo afectado. Hasta principios del mes en curso, llevaban nueve por ciento de avance en el reforzamiento de las columnas del tramo elevado y 28 por ciento en el tramo subterráneo, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios.
