La población penitenciaria en la Ciudad de México creció 20.2 por ciento en marzo, así lo revelan cifras del Sistema Penitenciario local y del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social. En marzo de 2020, en las cárceles locales había 22 mil 394 personas privadas de su libertad y, al 27 de marzo de 2021, se contabilizaron 26 mil 920 reos.
A partir de 2011, la población penitenciaria fue a la baja y así se mantuvo durante siete años. En 2018 la tendencia se revirtió, de manera que, actualmente, la capital del país está a 3.98 puntos porcentuales de llegar al cupo máximo en las cárceles locales, cuya capacidad es de 27 mil 549 espacios.
Aunque el número de presos actual está a 629 de personas de llegar a la capacidad total de estos inmuebles, hay dos cárceles que están rebasadas y por lo tanto ya se considera que tienen sobrepoblación: el Reclusorio Preventivo Varonil Norte tiene una sobrepoblación de 18.22 por ciento; y el Preventivo Varonil Oriente de 34.81 por ciento de sobrepoblación.
El aumento de encarcelamientos también se refleja en las cifras de prisión preventiva reportadas por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. A inicio del año, había un promedio de 30.65 prisiones preventivas diarias y, en el último mes son un promedio de 36.87, aumento de 20.2 por ciento.
Robo simple y robo calificado son los delitos por los que hay más personas encarceladas en la CDMX. En éstos, la Fiscalía local también aumentó el número de prisiones preventivas; por ejemplo, en el caso de robo a transeúnte, se pasó de 439 prisiones preventivas diarias en febrero a 749 en marzo.
Cuestionado al respecto, el abogado penalista Gabriel Regino consideró que el aumento de población penitenciaria en la CDMX demuestra una tendencia preocupante por parte del poder judicial local, porque los jueces aplican, de manera excesiva la figura de la prisión preventiva justificada, en excesos que están en la línea de la responsabilidad penal y administrativa de ellos.
“Tienen la falsa creencia de que a mayor prisión hay mayor seguridad y de que a mayor prisión los jueces están exentos de una investigación. En esas condiciones, el sistema de justicia penal acusatorio está equiparándose al sistema tradicional, justo por este abuso judicial, lo que provocará es una mayor población carcelaria y que se siga confundiendo a la venganza con justicia”, dijo.
En una entrevista con La Razón, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México expuso que hay más de 12 alternativas antes de la prisión preventiva, como son la firma, el arraigo domiciliario, la garantía económica, la prohibición de salir del país; pero las autoridades judiciales lo entienden al revés.
Saskia Niño de Rivera Cover, cofundadora y presidenta de la Fundación Reinserta, señaló que la prisión privativa es mala en la mayoría de los casos y debería haber medidas alternas a la pena privativa para los delitos que no son graves; pero desafortunadamente en los últimos años se usa indiscriminadamente.
“De entrada, la prisión preventiva me parece que es una locura, en México deberíamos garantizar la inocencia hasta comprobarlo de otra manera y parece que sucede al revés (…). Entró en vigor la Ley de Ejecución Penal, salió mucha gente de la cárcel y luego ahorita se volvieron a poner más delitos en prisión preventiva y eso no ayudó tampoco nada en la pandemia, porque los juzgados estuvieron cerrados y hubo gente a la que se le demostró su inocencia que tuvieron que esperar mucho más tiempo a salir”, dijo.
Consideró que se ha confundido la justicia como sinónimo de venganza, situación presente por la ausencia del Estado de Derecho, prueba de ello que la gente cada vez con más frecuencia pretende tomar justicia por mano propia.
Por su parte, Marisela Villegas Pacheco, doctora en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, comentó a este rotativo que probablemente, la principal causa del aumento de personas en cárceles es la reforma al artículo 19 de la Constitución Política Nacional con la ampliación de delitos graves.
Además, en la la Ciudad de México pueden ser las consecuencias de un mal manejo de la política criminal por parte de las autoridades que llevan a cabo la investigación de los delitos.
“La prisión preventiva busca garantizar que al momento de que haya una sentencia sí se vaya a cumplir, ésa es su prioridad (…). Muchos Ministerios Públicos, para dar la prisión preventiva, argumentan que la persona puede ser dañina a la sociedad, porque puede causar más daños a las víctimas, a los testigos o a la misma sociedad si la dejas en libertad; pero ahí estamos prejuzgando, porque no puedes juzgar a una persona por otros hechos que no estás probando en un juicio”, puntualizó.
- El dato: Expertos aseguran que tener más reos no es la solución a los delitos; lo importante es atender de raíz con educación, cultura y empleo.
