Oposición acusa “acción arbitraria”

Los dirigentes nacionales de los partidos que conforman la alianza Va Por México establecieron que las medidas dictadas en contra de Sandra Cuevas son “una acción arbitraria del Poder Judicial en la Ciudad de México en contra de una alcaldesa que ganó en las urnas”.

En un pronunciamiento conjunto, los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD señalaron: “Es un hecho de enorme gravedad que no debe permitirse, ya que sienta un precedente muy peligroso para nuestra convivencia democrática, y podrá dar pie a que en cualquier momento pretendan destituir de su encargo a otros gobernantes de la ciudad o en cualquier parte del país tan sólo por no pertenecer al partido de la Jefa de Gobierno”.

Agregaron: “La Jueza Carballo ni siquiera tomó en cuenta el principio de la presunción de inocencia de la acusada, como tampoco escuchó sus argumentos, ni valoró las pruebas ofrecidas, para tomar esa medida absurda y desproporcionada”.

El pronunciamiento fue firmado por los dirigentes nacionales Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI y Jesús Zambrano del PRD.

Además fue respaldado por los líderes de las bancadas en San Lázaro: Rubén Moreira, del PRI; Luis Espinosa Cházaro, del PRD y Jorge Romero, del PAN.

En tanto, en entrevista con La Razón, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que es lamentable la persecución en contra de la oposición y aclaró que uno de los motivos de ello es la pérdida de la capital, que es el bastión de los simpatizantes del Presidente.

“Quieren presionar al Poder Judicial con malas mañas, ya que les dolió mucho perder la Ciudad de México, y hasta el momento lo traducen en persecución política con los alcaldes”, aseveró.

La también diputada federal detalló que la alcaldesa de Cuauhtémoc lo único que está haciendo es trabajar, ya que si bien la han suspendido, en otras situaciones más fuertes, como la Línea 12, no ha pasado nada.

A su vez, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que esta acción de remover a una persona electa en las urnas por la vía de la suspensión sienta un precedente grave que incluso “hace palidecer el desafuero”.

“Puede haber un proceso judicial, puede haber investigaciones, incluso puede uno estar o no de acuerdo, pero lo que manifiesta es que hay una operación de Estado”, apuntó.