El Gobierno de Naucalpan, Estado de México, dejó daños a la hacienda pública por más de mil 500 millones de pesos, por gastos superiores a lo presupuestado en el capítulo 1000 de servicios personales y otros gastos por comprobar.
Tan sólo por pagos injustificados o gastos de puestos no autorizados en el tabulador de sueldos, así como gastos superiores al presupuesto destinado al capítulo de servicios personales, durante el 2019 —primer año de gobierno de la presidenta municipal morenista Patricia Durán Reveles—, el daño a la hacienda pública fue de mil 208 millones de pesos, de acuerdo con la entrega de la auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), correspondiente a la cuenta pública de ese año.
“Se está hablando de más de mil 500 millones de pesos en esas diferencias. Fueron mil 200 millones en la parte de servicios personales y, aun así, también hay otras observaciones de gastos por comprobar”, explicó a La Razón la regidora panista María Paulina Pérez González, quien aseguró que, en los próximos días de este semana, el cabildo solicitará un balance del origen y aplicación de dichos recursos, como se ha solicitado desde hace al menos tres semanas.
La regidora naucalpense explicó que el pasado 11 de agosto se le solicitó al cabildo municipal la autorización de los tabuladores de sueldos y salarios de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, los cuales deberían ser aprobados año tras año, por lo que, de aprobarse en esta ocasión, se podría dar pie a que el tesorero realice modificaciones y reconstrucciones a presupuestos que ya fueron ejercidos.
“Estamos aprobando tres ejercicios fiscales en un solo jalón, dando facultad al tesorero de presupuestos ya ejercidos (...) Lo votamos en contra porque son actualizaciones sobre presupuestos ya ejercidos, tomando en cuenta que el OSFEM ya hizo las observaciones pertinentes justo a esas cuentas públicas”, explicó.
La regidora resaltó que durante la comparecencia del tesorero Leopoldo Corona Aguilar, que se realizó el pasado 9 de agosto, únicamente se abordó el tema de la reducción de las participaciones federales al municipio, por lo que se requiere que las autoridades entreguen un balance de los ingresos y egresos del municipio, para conocer a detalle el manejo de las cuentas en el municipio.
“Digamos, del origen y la aplicación de estos recursos, tanto de las participaciones federales como del recurso propio, además de lo grave de una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de lo grave de que se esté recomendando no aprobar la cuenta pública, al final del día esto se ve reflejado en los sueldos y salarios en los que las familias se ven afectadas por la falta de pago, pero también en la ciudadanía que se ve afectada porque no hay dinero para brindar servicios públicos eficientes en el tema de bacheo, inseguridad.
“La falta de transparencia en el recurso y la incertidumbre en el manejo de los recursos van generando una ineficiencia”, destacó la munícipe, al recordar que la administración de Patricia Durán Reveles está a escasos meses de concluir, por lo que, aseveró, es necesario que se dejen los recursos suficientes y las cuentas claras para que la administración entrante, a cargo de la panista Angélica Moya, “también pueda hacer su trabajo”.
