Antes de que el delito de violencia digital contra la intimidad sexual fuera incluido en el Código Penal, en el marco de las reformas de la llamada Ley Olimpia, la práctica conocida como sextorsión ya era una práctica constante contra mujeres en la Ciudad de México. Este año ya se reportaron 182 casos por este tipo de abusos, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia local.
La sextorsión consiste en la amenaza de revelar información íntima sobre una persona, a no ser que ésta pague a su agresor ya sea con dinero, más imágenes de su cuerpo, incluso con sexo, señaló Salvador Guerrero, titular del Consejo.
Del universo de víctimas registradas por este organismo, 69 por ciento son mujeres; asimismo, 35 por ciento de las llamadas de extorsión fueron realizadas por personas que no viven en CDMX.
El Consejo Ciudadano calcula que sobre este tipo de agresiones hay una cifra negra de alrededor de 90 por ciento, es decir, las que no se reportan ni llegan ante las autoridades, un fenómeno similar al de los delitos patrimoniales.
Aunque la sextorsión no cuenta con una tipificación formal en el Código Penal, puede perseguirse como extorsión, que comprende de dos a ocho años de cárcel, o bajo el amparo de la Ley Olimpia, que castiga la violencia sexual digital, con hasta 12 años de prisión.
En el periodo enero-agosto del año pasado, el Consejo registró 251 casos, lo que significa que hubo una reducción de 27 por ciento; sin embargo, el organismo calcula que, en promedio, hay una denuncia al día por sextorsión.
Con certeza, no se tiene conocimiento de cuántas de las personas que reportan estos hechos con asesores del Consejo acuden ante la Fiscalía General de Justicia, para hacer la denuncia formal.
En una entrevista para La Razón, Guerrero Chiprés mencionó que más de 65 por ciento de los casos ocurre porque la víctima compartió la imagen a alguien con quien tiene o tenía algún vínculo que no necesariamente es una relación sentimental duradera. El resto son imágenes que han transitado a través de Internet por una especie de mercado de “packs”.
“De todas las personas que nos reportan nos dicen que en 47 por ciento de los casos vieron su material en páginas o perfiles de Facebook, 17 por ciento en WhatsApp, 12 por ciento en Instagram y 6 por ciento en aplicaciones de citas. El resto, 18 por ciento, se difundió por Twi-tter y Telegram”, comentó.
Deben denunciar y tener confianza para entender que eso que se presenta ahí, las evidencias, no son motivo de vergüenza, sino que puede ser prueba contra un presunto responsableSalvador Guerrero, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX
Las exigencias principales que se plantean y por las que es posible establecer el delito de tentativa de extorsión es que haya implicado la solicitud de dinero, más fotos, videos o sexo a cambio de no divulgar lo que implicaría un mayor daño a la imagen de las víctimas.
Cuando las personas llaman a la línea telefónica del Consejo Ciudadano (55-55335533), recordó, lo hacen motivadas por sentimientos de tristeza o furia y, una vez identificada la situación de la persona afectada, se le orienta a la atención pertinente, siendo la más importante la promoción de la denuncia.
Para ello, existe una guía jurídica con la que apoyan a denunciantes para que puedan reclamar su derecho a la privacidad o a la defensa de su imagen.
De acuerdo con los testimonios, detalla, las víctimas “están menos conscientes de su vulnerabilidad jurídica de lo que deberían”. Y es que aún hay mucho desconocimiento de que la ley sirve para reivindicar a las personas que padecen este tipo de extorsión.
A la vulnerabilidad jurídica se suma la psicológica, generada debido a la inseguridad que provoca a denunciantes el uso de evidencia, llámese fotografías y/o videos. Ambas condiciones deben ser desmontadas a través de la información, el fomento a la denuncia y en colaboración con las organizaciones civiles.
“Deben reconocer y asumir que existe colaboración con las autoridades, con el Consejo Ciudadano, con otras organizaciones para denunciar. Deben tener confianza en sí mimas, para entender que eso que se presenta ahí, las evidencias, no son motivo de vergüenza, sino que pueden ser prueba contra un presunto responsable, es central en la secuencia de acciones”, expuso.
- El dato: Desde que se aprobó la Ley Olimpia, la Fiscalía reporta 233 denuncias, pero sólo un procesado, ya que en la mayoría de casos, las víctimas borraron las pruebas que impiden la judicialización.
