“El que no vive para servir,
no sirve para vivir”
Madre Teresa de Calcuta
Desde hace varias décadas se ha venido discutiendo sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, sin que hasta ahora se tengan normas que las protejan y obliguen a sus empleadores a brindarles derechos básicos como la seguridad social y prestaciones como son el aguinaldo, vacaciones, y horarios establecidos para trabajar.
En los últimos días se viene discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de una trabajadora doméstica de ochenta años de edad, que trabajó los últimos cincuenta años de su vida para una misma familia, quien interpuso un amparo en contra de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual resolvió que el patrón no tenía obligación de inscribirla en el Seguro Social, violando con ello el artículo primero Constitucional, y el derecho humano a la seguridad social, asimismo en esta misma resolución se absolvió al patrón de pagar horas extras, al no estar contempladas dentro del horario de la trabajadora, todo ello derivado de la poca regulación que se tiene en la Ley Federal del Trabajo, así la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
La revisión del caso se le turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien presentó un proyecto muy conservador, en donde se dejaba en el mismo estatus a los trabajadores domésticos, por lo que diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, Diputadas del Congreso de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos protestaron en contra del proyecto, provocando que el Ministro Pérez Dayán retirara su proyecto, y con ello quedó cancelada la discusión que se tenía prevista para el día 18 de octubre, ahora esperaremos un nuevo proyecto.
La trascendencia de la discusión es muy importante ante el gran número de trabajadores del hogar que hoy existen en México, el cual se calcula en 2.4 millones de personas, siendo el noventa y uno por ciento mujeres, de ellas ocho de cada diez no tienen seguridad social, por lo que la mayoría debe de cubrir con sus propios recursos las enfermedades que les aquejan, sin contar que no gozan de vacaciones, ni ninguna otra prestación. Esta circunstancia debe de cambiar si queremos un mejor país, donde la brecha entre ricos y pobres se reduzca, y una de esas formas es con mejores condiciones de trabajo y un mejor ingreso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una responsabilidad muy importante, es el momento de dar un paso adelante y enfrentar una realidad que ya no podemos seguir ocultando en el cuarto de servicio, esas personas tienen nombre y rostro, por ello merecen los mismos derechos que el resto de los trabajadores, e incluso podría decir que en muchos casos nos entregan gran parte de su vida renunciando a su propia vida, merecen todo nuestro reconocimiento, y que se vea reflejado en las leyes.