Uno de los méritos de los acuerdos entre Javier Corral y Alfonso Navarrete es que clarifican las cosas y colocan el litigio en su justa dimensión.
El gobierno de Chihuahua se había opuesto al traslado de Alejandro Gutiérrez, extesorero del PRI, a un penal federal. A la brevedad ingresará a una prisión en Ciudad Juárez, donde será sometido a estudios que practicará Human Rights Watch, para determinar si fue torturado.
Esto importa, porque Gutiérrez continuará con el proceso que se le sigue, pero estará recluido en condiciones que le permitan defenderse.
Los 900 millones de pesos por los que inició el pleito serán transferidos a Chihuahua y el gobernador Corral se desistirá de continuar con una controversia en la Suprema Corte sobre la legalidad de esas transferencias.
La Fiscalía del Estado coadyuvará para que la extradición del exgobernador César Duarte se lleve a cabo, pero todo dentro del esquema que permiten los tratados internacionales.
Éste es uno de los asuntos centrales, porque la principal bandera de Corral es justo la de llevar tras las rejas, la de cazar, a quien fue su antecesor en el cargo.
Los juicios de extradición tienen sus tiempos y en buena medida dependen del país en el que se encuentra el imputado. Esto es, cuando Duarte sea detenido, si esto ocurre, tendrá la oportunidad de defenderse en Estados Unidos, lo que podría retrasar su llegada a México.
Pensar en ganadores y perdedores por los acuerdos del sábado en Bucareli no es tan sencillo. Más bien se impuso la política y se desactivó (o pospuso) lo que pudo haber crecido mucho más.
El secretario Navarrete es un político astuto y cuenta con años de experiencia. Sabe que el uso del tiempo importa en las percepciones y por eso está empeñado en explicar los alcances de lo ocurrido el sábado por la noche.
El problema, como suele ocurrir, será que todos honren su palabra si las cosas no salen como quieren o tienen previsto.
Después de todo, el litigio sobre Chihuahua y el gobierno que tuvo es un capítulo que apenas comienza y que tendrá que dilucidarse en la aridez de los juzgados, donde lo que cuentan son las pruebas.
Muchas veces ahí es donde choca el apetito social de venganza, con las posibilidades concretas de la ley. Estas situaciones, ya sabe, no siempre terminan bien y en no pocas ocasiones producen efectos contrarios a los deseados.
El meollo del asunto, por ello, estará en la suerte de Duarte y en satisfacer, o no, a una opinión pública que ya hizo su propio juicio, respaldada en la caravana que vino del norte.
