Esther Hernández, titular de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) de la Secretaría de Cultura, se disculpó en su cuenta de Twitter por no advertirle al creador del polémico chat de WhatsApp “Desactivación de colectivos” —por el cual artistas exigen la renuncia de Alejandra Frausto— que éste tenía un “pésimo nombre” y que era una falta de manejo institucional.
“Soy responsable de no haber informado a la subsecretaria (Marina Núñez) y a la secretaria (Frausto) sobre el nombre de ese chat y haberlo tomado a la ligera. Cuando me sumaron, el chat tenía otro nombre, luego lo cambiaron y asumo que no dije nada, reconozco mi error", señaló.
Además, aseguró que las diferencias de opinión que compartía con los colectivos artísticos, que denunciaron la existencia del chat, las hizo saber en su momento “de frente” y que “sigo sosteniendo que algunos temas deben tratarse con el Legislativo, porque rebasan las atribuciones de la SC”.
En el chat, del cual Cultura señaló —a través de un comunicado— que Frausto se deslindaba—, participaban los funcionarios Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales; Paula Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Ángeles Castro, directora del Cenart; y Alejandra Chávez y Martha Bremauntz, directoras de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, entre otros.
Piden la cabeza de Alejandra Frausto
Once colectivos de artistas exigieron este jueves la destitución de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, luego de que funcionarios de su dependencia mostraran por error la existencia del chat “Desactivación de colectivos”; además, también pidieron el despido de sus participantes.
Por este motivo, este viernes lanzaron una campaña en la plataforma Change.Org para recaudar firmas en pos de la destitución de Frausto y los integrantes del chat. La dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador
“Por el INCLUMPIMIENTO de sus funciones, cometiendo en repetidas ocasiones actos y omisiones de naturaleza administrativa que violan los derechos humanos y culturales, y por ejercer y/o permitir desde la secretaría a su cargo acoso a ciudadanos trabajadores del arte y la cultura conformados en colectivos”, señalaron.
También exigen en la plataforma un cambio en las políticas públicas que garantice la participación ciudadana, el cumplimiento tanto del ejercicio de los derechos culturales de toda la Nación, como los derechos laborales, económicos y de seguridad social de los trabajadores del arte y la cultura.
