La despenalización del aborto en Colombia y el hecho de que pueda realizarse hasta las 24 semanas, ha abierto el terreno a un debate que ahonda en los límites de la viabilidad del feto, esto es que el embrión pueda sobrevivir y lograrse después una interrupción del embarazo.
Respetando todas las posturas sobre los términos para realizar un aborto dentro de la ley, la profundización del tema nos lleva a entender que más allá de los plazos, la sola existencia de esta posibilidad coadyuva a que las interrupciones realizadas cerca del máximo intervalo sean mínimas. Tristemente se ha comprobado que mientras más restrictivas son las leyes, menos son las políticas públicas de salud y educación para la prevención de embarazos no deseados.
No hay que darle muchas vueltas: el tratamiento y la legislación sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de cada país llega a coincidir con la proliferación de la violencia de género que, de acuerdo a ONU Mujeres, implica cualquier acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.
En este tenor, es urgente apuntar que, a pesar de que legislación en nuestro país permite la ILE en caso de violación en los 32 estados y que el aborto por libre decisión puede realizarse dentro de las primeras 12 semanas de embarazo en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, muchas mujeres, jóvenes y niñas están impedidas de practicarlo debido a la anulación de su derecho a decidir sobre su cuerpo por parte de las figuras masculinas que las rodean, sean padres, tíos, esposos, parejas, abuelos y hermanos que se proclaman poseedores de su vida, ideas y voluntad.
Si fuéramos a plantear hoy algún debate o consigna debería ser el freno a la represión de este estatuto, más aún cuando la lucha feminista y sus demandas sobre el derecho a decidir de las mujeres ha obtenido tan significativos avances en los últimos años.
Resulta desolador que esta exigencia tan urgente se pierda entre otras más básicas como la reivindicación de integridad física y el hecho de que los feminicidios sigan creciendo como pocas cosas en nuestro país, además de las desapariciones y las cifras de muertos por violencia: en menos de cinco años el índice de feminicidios ha aumentado de las entre seis y siete víctimas cada día en 2015, para más las más de 10 por día que se registran en 2022.
Repito, el por día por la trascendencia del hecho y por qué sólo mencionarlo debería cubrirnos de vergüenza y vestirnos de luto por la patria que se pierde con las vidas de las mujeres.
El mes de marzo nos obliga a repensar los avances en la lucha y las tareas pendientes. El problema es que esto nos obliga a ubicar nuestra expresión en entornos regulados por una mirada masculina poco empática y vivir el día a día con hombres que se niegan a ser conscientes de sus ideas y prácticas pues es más fácil permanecer en el status quo que asumir la autoconciencia y el cambio.
Ninguna marcha será suficiente sin acciones y respuestas prontas y tangibles. Al final se estará respetando un tratado sustentado por la ética y la decencia.
Las mujeres, al igual que los hombres, somos seres humanos.
Ag
