El balance de las políticas culturales de un gobierno con escasos tres meses en el poder parece prematuro; no obstante, el sacudimiento del cambio de régimen exige al menos un primer acercamiento clarificador. Mediante la puntualización de algunas de sus acciones culturales más visibles y sus consecuencias, así como a través de la revisión de la crítica y oposición a ellas, estas notas indagan en esa disputa por la cultura.
La Secretaría de Cultura, encabezada por Alejandra Frausto, inició sus políticas con el mismo objetivo prioritario de todas las dependencias federales: la recaptura y centralización de los recursos del presupuesto. Este control en proceso se instrumenta a escala federal para evitar los dispendios, desvíos, el peculado y demás delitos concernientes a la responsabilidad y el conflicto de intereses de los funcionarios públicos, prácticas normalizadas en administraciones anteriores.
El control y la centralización del presupuesto federal en ámbitos económicos nodales (energía, comunicaciones, seguridad, educación, salud, agroalimentación, empleo), y su redirección hacia los programas sociales prioritarios del régimen, se aplican también al aparato burocrático cultural del Estado para restringir esos recursos y evitar dispendios. ¿Existen aún “mafias culturales” como aquella de los años setenta, denominada así gozosamente por Fernando Benítez, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco?
LA DISPUTA IDEOLÓGICA
La política cultural del nuevo gobierno se inicia sobre el fondo de una añeja disputa ideológica. La crítica al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, se inició desde su creación por Carlos Salinas en 1988. La remoción de su primer presidente, Víctor Flores Olea, a consecuencia del choque entre dos grupos culturales (Nexos y Vuelta); la designación de Rafael Tovar como nuevo titular, la creación del Fondo Nacional y del Sistema de Creadores, el manejo discrecional de las becas, la lucha por su presupuesto, el dispendio durante los periodos de Sari Bermúdez y Sergio Vela, los manejos inciertos de Consuelo Sáizar, llevaron a cuestionar al organismo. Incluso el regreso de Tovar, titular de nueva cuenta en 2012, se vio como una restauración del “priismo cultural”.
No obstante, el ogro culto se consolidó sustentado en la infraestructura cultural más extensa de América Latina y en ¿millones? de actividades culturales dirigidas a un público diverso, por momentos escaso y a veces inexistente. En 2015, Tovar logró la conversión del Conaculta en la Secretaría de Cultura y, tras su fallecimiento en diciembre de 2016, vino el relevo gris de María Cristina García Cepeda. Un importante sector de los creadores y protagonistas de la cultura acusa a esta oficina burocrática de favorecer a las élites del país. Otra buena parte se siente beneficiada por sus apoyos y patrocinios (no sólo creadores jóvenes, sino también artistas e intelectuales con éxito internacional aceptan becas, apoyos e incluso salarios vitalicios sin conflicto alguno).
A fines del sexenio peñista, las críticas arreciaron y las denuncias de favoritismo en el Fonca, misoginia y opacidad en el Colegio Nacional (dependiente de la SEP), así como de conflictos de interés en la Dirección de Publicaciones y en las coordinaciones de artes plásticas, literatura y danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, se sumaron a la inconformidad de los trabajadores del Instituto de Antropología e Historia y la organización de los trabajadores de la cultura en un sindicato. En este contexto arriban nuevas autoridades con un proyecto distinto.
"Aun con críticas y errores, el Fondo ha cubierto su función de apoyar a más de 15 mil creadores y artistas mediante el otorgamiento de becas".
LA DISPUTA POR EL PRESUPUESTO
Luego de un ciclo de reuniones realizado de julio a noviembre de 2018, y al cual se convocó a la comunidad cultural por redes sociales, los funcionarios asumieron sus cargos en diciembre y la Secretaría presentó su presupuesto para 2019.
En la administración anterior, los recursos para el sector cultural se mantuvieron en torno a los 15 mil millones de pesos anuales. En 2018 bajaron a 12 mil 716.2 millones. La nueva secretaria de Cultura dio a conocer en diciembre del año pasado el presupuesto 2019, un total de 12 mil 394.10 millones, con reducción de 6 % en “gastos onerosos”.
Hubo protestas justificadas ante la disminución de recursos, pero pocos checaron las cifras. Las reducciones, según datos oficiales, fueron por duplicidad de funciones (-2.1 %); en materiales y suministros (-9.3 %), y en servicios generales (-5.8 %), léase renta de vehículos y choferes para funcionarios. Se iniciaba así la reasignación de recursos hacia programas prioritarios de la Secretaría.
Los recursos para las difusas “actividades culturales” crecieron 52 % en el presupuesto, incluyendo “proyectos permanentes con personas en contextos de vulnerabilidad social y violencia”, y recursos “en beneficio directo de los artistas, creadores y colectivos culturales de las comunidades”. La propuesta no resistió y luego de discusiones en el Legislativo y resistencias de la fantasmal comunidad cultural, se añadieron 500 millones de pesos al presupuesto original.
La política federal de redistribución de recursos se aplica a través de los programas de apoyo “a la Cultura”, “a las Culturas Municipales y Comunitarias”, “a la Infraestructura Cultural de los Estados”, “a Festivales Culturales y Artísticos”, y mediante el traslado de recursos hacia proyectos “para comunidades”. Destaca el programa de “Cultura Comunitaria”, pensado para arrancar en marzo en 720 municipios y cuyo objetivo es llevar actividades (semilleros creativos, misiones culturales) y cultura de paz a zonas con mayor índice de violencia. El eco vasconcelista es innegable un siglo después, pero ¿quién formará esas misiones con aroma a reclutamiento?
LA DISPUTA POR EL EMPLEO
Como en todas las oficinas del nuevo gobierno, en el terreno de la cultura también se aplica la política general de “austeridad” mediante la no-recontratación de los empleados eventuales y por honorarios, y en la suspensión de recursos para asociaciones y organismos civiles, incluidos proyectos independientes “por no ser de utilidad social” (revistas, teatreros, bailarines, promotores, cuentacuentos, grafiteros, artistas plásticos).
Nadie sabe con certeza cuántos trabajadores serán afectados por esta decisión. El vocero presidencial habla de 30 % del aparato gubernamental, mientras Alejandra Frausto dice que no tiene aún cifras precisas.
El personal contratado por honorarios o de forma eventual, así como los recursos para proyectos independientes, crecieron en el Conaculta durante veinticinco años, por eso las protestas continúan. Visto el riesgo laboral y para preservar sus derechos, los trabajadores de base consolidaron ya un Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.
LA DISPUTA EN EL INAH Y EL INBA
Organismos vivos de la cultura mexicana desde hace más de setenta años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes resienten esta política de no-recontratación de empleados. Ambos organismos padecen problemas laborales desde hace tres sexenios, pero cuando se esperaba una solución comprensiva e incluyente del nuevo gobierno, sucedió lo contrario. Técnicos, antropólogos, arqueólogos, restauradores y muchos especialistas perdieron su trabajo en el INAH. Y aun en el INBA, cuyas coordinaciones nacionales no alcanzan ese rango pero sus museos resisten todo temporal y se mantienen en pie, se extiende la incertidumbre ante la indefinición de una política laboral.
[caption id="attachment_875812" align="alignnone" width="696"] Fuente: inba.gob.mx[/caption]
LA DISPUTA POR EL FCE
La querella cultural se manifestó con virulencia en el Fondo de Cultura Económica. La declinación de Margo Glantz llevó a proponer a Paco Ignacio Taibo II para dirigir la institución. Y ardió el Fondo.
Más allá de la crítica a la copiosa obra literaria de Taibo, nadie desconoce su labor como promotor de la lectura y en aspectos editoriales y de distribución de libros, ni su papel como militante de izquierda y del lopezobradorismo. Y si bien entre los directores del FCE destacan su fundador Cosío Villegas, el digno Orfila y el poeta García Terrés, también lo anteceden militantes priistas como Francisco Javier Alejo, Miguel de la Madrid y José Carreño Carlón.
Como representante de un grupo lejano a la élite dominante en el sector cultural (“la oficina es faraónica e inútil”, declaró) y luego de su misógino y homofóbico comentario en la FIL Guadalajara, Taibo enfrentó el rechazo a su nombramiento y sus muchos malquerientes revivieron una añeja prohibición legal para impedirle ocupar el puesto por haber nacido en el extranjero. La resistencia se desmoronó y la designación fue confirmada.
“El aparato cultural es un monstruo”, declaró Taibo, y el reto es ver si no lo devora, pues encabeza aventuras como la fusión del FCE con la Dirección de Publicaciones y el aparato de distribución Educal. Además, como buen activista, desarrolla un programa nacional de lectura; recupera, distribuye y abarata libros embodegados; fortalece y redefine la red estatal de bibliotecas y librerías; impulsa nuevas colecciones; reestructura librobuses y viaja a ferias del libro donde promueve y se promueve (por lo cual también es criticado).
Taibo resiste los embates de personajes dispares como Gabriel Zaid, Fernando Escalante Gonzalbo o Jesús Silva-Herzog Márquez, y de quienes insisten en lo inútil de abaratar libros si la gente no lee, o en la imposibilidad de fusionar empresas como FCE, Educal y Publicaciones.
Otro caso fue la crisis en la Biblioteca Vasconcelos por el despido de un amplio grupo de empleados y la consecuente renuncia de su director, el editor Daniel Goldin, quien fue tratado con patanería por gente del director de Bibliotecas, Marx Arriaga.
LA DISPUTA POR EL FONCA
Otra rencilla crucial ocurre en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Aun con críticas y errores, el Fondo ha cubierto su función de apoyar a más de 15 mil creadores y artistas mediante el otorgamiento de becas en convocatorias abiertas. No obstante, han existido quejas en cuanto a favoritismos y conflictos de interés entre los tutores, jurados y becarios, así como por la falta de retribución social de los beneficiarios.
Como nuevo director del Fonca, el escritor Mario Bellatin anunció su transformación a partir de unificar los recursos para las becas y el Sistema de Creadores en una sola bolsa (centralización y control del presupuesto para lograr ahorros). Los cambios, a decir de Bellatin, pasan por la no-recontratación de los empleados eventuales y por honorarios, además de la suspensión de las reuniones de jóvenes creadores (“por costosas”) y su redefinición mediante otro mecanismo. Habla también de mantener una convocatoria abierta todo el año para lograr el acercamiento de los creadores y artistas a una suerte de “ventanilla única de atención”.
Estas medidas lucen riesgosas para muchos, pues favorecen el reclutamiento o la cooptación de creadores, quienes estarían comprometidos con los funcionarios del Fonca, incapaces de crítica por temor a perder dádivas. Entre quienes no ven con buenos ojos los cambios por la afectación de intereses (muchos legítimos), y las acusaciones de quienes los ven como una restauración del viejo priismo cultural, el Fonca se redefine.
LA DISPUTA POR MEDIOS ESTATALES
A lo anterior se suma la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), presidido por el periodista Jenaro Villamil. Será otro organismo centralizador y coordinador de los recursos aunque, aclaró su titular, “no se convertirá en la voz del gobierno federal y estará al servicio de la sociedad mediante nueve consejeros ciudadanos, capaces de incidir y servir de contrapeso, además de ser defensores de las audiencias”.
Este Sistema coordinará a todos los medios estatales, entre ellos Canal 22, dirigido por Armando Casas; Canal 11, adonde regresa José Antonio Álvarez Lima tras décadas de haber ocupado ese cargo; Canal 14, a cargo de Fernando Coca; Radio Educación, de Gabriel Sosa Platas; el IMER, de Aleida Calleja; Notimex, de Sanjuana Martínez; Televisión Educativa, de Lidia Camacho.
CODA
Desde sus nuevas oficinas en Tlaxcala, adonde se descentralizó con parte de su equipo, Alejandra Frausto garantiza la entrega del Programa Nacional de Cultura para abril o mayo: “Por primera vez el sector cultural participa en el Plan Nacional de Desarrollo; lo estamos haciendo con enorme acuciosidad”.
El documento será clave para observar con mayor nitidez los ejes sobre los cuales correrán la política y las acciones culturales del gobierno; en tanto, la disputa por la cultura está en marcha.
