En el marasmo de la canícula, la pandemia que no cesa y aires preelectorales, pero sobre todo ante espectadores ávidos por recuperar nuestro mecanismo catártico de solazarnos en tragedias que no sean nuestras, la noticia fue cayendo en televisión y diarios canadienses: encontraron a 215 niños autóctonos muertos en los terrenos de un antiguo internado infantil que estuvo a cargo de la iglesia, 750 más en otro, 182 en un tercero. La búsqueda sigue.
Las cifras fueron un reguero de pólvora, no tanto por sí mismas sino por cómo las presentó parte de la prensa. Daba la impresión de un gran descubrimiento, pero no era así: los expertos sabían de la existencia de sepulturas no marcadas y esperaban encontrarlas. Parecía que eran fallecidos recientes, aunque no es el caso: cuando se hagan las pruebas, algunos huesos van a resultar viejos, quizá de más de cien años. Una última percepción, más grave aún, es que todos los restos detectados son de niños y, peor, que todos perecieron en actos criminales. Tampoco es cierto. En algunos casos las tumbas tuvieron lápidas y cruces, flores y promesas: nunca te olvidaremos. Cuando ya no importe, cuando ya no sea nota, adultos y niños resultarán mezclados —por lo menos en algunos sitios—, quienes murieron de muerte natural o enfermedad con los que padecieron actos criminales.
PARTE DEL PROBLEMA fue la velocidad de los hallazgos y la tecnología usada para ello. El 28 de mayo de 2021, con radar de penetración terrestre GPR, se determinó la presencia de restos de 215 seres humanos en el sitio del antiguo internado para autóctonos de Kanloops, en Columbia Británica, Canadá, que funcionó entre 1890 y 1978. Sin exhumación, sin pruebas sobre edad, sexo o causas de falleci-miento, el hallazgo desató la búsque-da, por parte de las comunidades autóctonas empleando la misma tecnología, de cementerios similares en sitios de otros internados. La Primera Nación de Sipekne katik puso en marcha el georradar, aparato casi portátil, que detecta con pulsiones electromagnéticas variaciones en densidad en el subsuelo e inició una búsqueda en el terreno del antiguo internado de Shubenacadie, Nueva Escocia, que cerró en 1967, tras cuarenta años. A su vez, el 23 de junio, la Primera Nación Cowessess anunció el hallazgo de 751 tumbas en el antiguo cementerio aledaño al internado de Mariavel, en Saskatchewan, fundado en 1899 y que cerró en 1979. Otras 182 sepulturas fueron encontradas el 30 de junio donde estuvo el de Kootenay, en Columbia Británica. Es casi seguro que descubrimientos similares se sumen conforme la búsqueda se amplía.
El problema es que el GPR sólo detecta masas. Con frialdad numérica diagnostica: ahí hay huesos humanos. El panorama desolador que deja rectángulos marcados con banderolas color naranja es el inicio de la tarea que espera a los antropólogos forenses, criminólogos, sociólogos, patólogos, abogados y especialistas de otras disciplinas, que deben exhumar, analizar, clasificar, determinar la identidad de los enterrados y las causas de sus decesos. Son tareas que por legalidad, confidencialidad y hasta pudor, es mejor realizar sin presiones políticas, emocionales o periodísticas, por lo menos hasta que se tengan resultados científicos sobre quién murió y cuándo, en los casos en que se opte por llevar a cabo todas esas investigaciones.
Tanto los hallazgos como la falta de mesura al presentarlos han suscitado la indignación de la mayor parte de los canadienses, autóctonos o no, además de revivir el dolor de los sobrevivientes de un régimen de internado obligatorio que duró poco más de un siglo y medio y ha sido calificado, por el gobierno federal de Canadá, de genocidio cultural. Ese sistema pretendía, en efecto, no sólo escolarizar y evangelizar a los niños autóctonos sino, como subrayó John A. Macdonald,1 creador de la institución, aislarlos de sus familias para “civilizarlos”:
... Cuando la escuela está en la reserva, el niño vive con sus padres, que son salvajes [...] Los niños indígenas deben ser apartados, tanto como sea posible, de la influencia de sus padres.
ESA EMPRESA NO QUEBRÓ los lazos de los jóvenes con sus familias, pero sí dio lugar a una situación generalizada de abusos de toda clase por parte de miembros del clero. El hallazgo de sepulturas no es una sorpresa, pues se calcula que entre tres mil y seis mil niños murieron en esos establecimientos, muchos por tuberculosis.2 Para las comunidades autóctonas, sin embargo, saber a quiénes pertenecen los restos encontrados y las causas de sus muertes representa, por un lado, la oportunidad de esclarecer una situación sólo conocida parcialmente y a menudo minimizada y, por otro, la de conocer el destino de familiares desaparecidos y recuperar sus restos. Para el gobierno federal, que otrora auspició una iniciativa que es una vergüenza nacional, como declaró en días pasados Marc Miller, actual ministro de Servicios Autóctonos, es un paso más, indispensable en la reconciliación entre Estado y pueblos autóctonos.
Los internados constituyen uno de los capítulos más sombríos de la historia de Canadá, resultado de la convergencia, a principios del siglo XIX, de factores ligados a la herencia colonial del país: intereses expansionistas, arrogancia institucional, fervor evangelizador, racismo, prejuicios de toda clase, y el hecho de ceder al clero la educación de los menores —autóctonos o no. Para comprender el surgimiento y sobre todo la longevidad de una institución cuyo rasgo principal fue el maltrato infantil, conviene revisar el contexto histórico en que surgió.
Ese sistema pretendía no sólo escolarizar y evangelizar a los niños autóctonos sino, como subrayó John A. Macdonald, creador de la institución, aislarlos de sus familias para civilizarlos
COHABITACIÓN FORZOSA
Salvo por enfrentamientos aislados, entre el siglo XVI y principios del XIX los pueblos autóctonos y los colonos europeos cohabitaron en relativa armonía, con intercambios comerciales ventajosos para ambas partes. La división territorial fue zanjada mediante la venta o cesión de tierras a los colonos, poco numerosos y concentrados en el territorio que ocupan hoy Ontario y Quebec. Tras la consolidación del dominio británico en la región, diversos tratados otorgaron vastas extensio-nes de tierra a los pueblos autóctonos, cuyos derechos reconoció la Proclamación Real de 1763, que “reservaba” dichas tierras para los indios —de ahí el nombre reservas indias.
A mediados del siglo XIX, la situación cambió considerablemente. Conforme se alentó el establecimiento de colonos en el oeste, las alianzas fueron sustituidas por una competencia abierta por la posesión de tierras y recursos. Para el gobierno central, los pueblos autóctonos obstaculizaban la expansión y el desarrollo del país. Por eso se desarrollaron estrategias para expropiar dichos recursos, a menudo otorgando compensaciones financieras y mediante políticas tendientes a segregar a la población oriunda en reservas cada vez más pequeñas y a eliminar la organización tribal con vistas a integrar a los autóctonos a la Commonwealth (la comunidad de naciones vinculada al Reino Unido). Entre estas iniciativas figura la Ley sobre los Indios (Loi sur les Indiens), adoptada en 1876, que dio al gobierno el derecho exclusivo de adoptar leyes relativas a los indios y otorgarles concesiones de tierras. Asimismo, determinaba quién era indio y establecía derechos jurídicos conexos. El resultado fue la ampliación exitosa del territorio: el Dominio de Canadá incluía entonces Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Luego se añadieron Manitoba, Columbia Británica, la Isla del príncipe Eduardo, Alberta, Saskatchewan y Terranova.
En ese contexto, la creación de internados para niños autóctonos fue otra herramienta del gobierno de Mac-donald para acelerar el proceso de asimilación. La idea se inspiraba en los experimentos de asimilación agresiva que en esa época se llevaron a cabo en Estados Unidos.
CIVILIZACIÓN DEL BUEN SALVAJE
Los primeros internados se establecieron informalmente a partir de la creación, en 1831, del Mohawk Institut en Brantfort, Ontario; al inicio se les frecuentó poco. Para alentar su generalización se crearon modalidades de enseñanza pública para autóctonos, todas en régimen de internado: los dirigidos a la producción agrícola, escuelas de oficios, casas-escuela y residencias escolares. En paralelo, el gobierno encargó a diversas comisiones la tarea de argumentar la necesidad de volver obligatorio este tipo de establecimientos. Varios textos fueron elaborados con ese fin, entre ellos el Informe Davin, de 1879, que recomendaba la creación de una red de internados como estrategia para civilizar activamente a los niños autóctonos. La idea central de los mismos era que no bastaba escolarizarlos, pues serían salvajes capaces de leer y escribir; era preciso alejarlos de su origen y sus tradiciones.3 El fin de la educación era “matar al indio en el niño”, como señaló el exprimer ministro Stephen Harper en 2008, en un discurso en el que pidió disculpas a los pueblos autóctonos.
El régimen de internados se hizo oficial en 1892, mediante acuerdos del gobierno federal con el clero católico, anglicano, metodista y presbiteriano; se les confió su gestión. En el siglo XX se multiplicaron; en 1910, el gobierno federal impuso el inglés como único idioma de enseñanza, pese a que una parte de ellos estaba en Quebec, provincia francófona. Al fin, en 1920, una modificación de la Ley sobre los Indios estableció que todos los niños autóctonos de siete a quince años debían frecuentar un internado o escuela autóctona, al menos diez meses al año.
Muchas familias intentaban sustraer a sus hijos por los rumores sobre maltrato en esas instituciones. Algunas familias conseguían ocultarlos, aunque se exponían a sanciones severas, como la prisión.
LA VIDA EN LOS INTERNADOS
En total funcionaron 139 internados autóctonos en Canadá entre 1831 y 1996. En poco más de siglo y medio fueron frecuentados por alrededor de 150 mil niños, principalmente miembros de las Primeras Naciones (que aglutinan una gran diversidad de grupos), pero también métis4 e inuits (conocidos como esquimales). Con pequeñas diferencias según la época, localidad o confesión religiosa de los gestores, los niños compartieron una forma de vida similar, alejada del ideal civilizador que preconizaba el Estado. La información al respecto es más que abundante y la mayor parte proviene del propio aparato gubernamental: informes de inspectores regionales de Asuntos Indios, informes médicos, reportes de comisiones diversas. También existen testimonios de supervivientes. Resumo algunos elementos comunes a todos:
DESPOJO DE IDENTIDAD AUTÓCTONA. Llevado por la fuerza o con anuencia de los padres, al ingresar el niño era sometido a un ritual que lo despojaba de su identidad autóctona. Se le cortaba el pelo, su vestimenta era sustituida por uniforme, recibía un nombre cristiano y se le prohibía hablar en su lengua. Se añadía el distanciamiento físico de su comunidad: en general, el pequeño estaba lo más lejos posible de la reserva de origen y se recomendaba a los padres no visitar a sus hijos. En vacaciones, se procuraba que los chicos no fueran a la reserva. Muchos no tuvieron contacto con sus familias hasta la vida adulta y cantidad de familias no volvieron a saber de sus hijos.
CONDICIONES PRECARIAS DE VIDA. Insuficientemente financiados, los internados funcionaban de manera precaria: mal mantenimiento de los edificios, poco personal, hacinamiento y pésima higiene. La alimentación era muy escasa; uno de los recuerdos más mencionados por los supervivientes es el hambre constante. La enseñanza era dispensada por monjas o sacerdotes sin preparación; un estudio de la década de 1950 mostró que 40 por ciento de los profesores carecía de formación especializada. Varios informes resaltaron que la enseñanza era muy inferior a la de las escuelas ordinarias de la época.
MALTRATO SISTEMÁTICO. El régimen disciplinario era estricto. Daba lugar a privación de agua y alimentos, trabajo extenuante y castigos corporales, frecuentes y a menudo severos. A esto se añadía lo que hoy llamamos violencia psicológica. También estaba el sufrimiento provocado por la lejanía de casa; todo ello empujaba a niños a intentar fugarse, pocos lo conseguían y recibían castigos adicionales.
Respecto al maltrato se ha dicho, quizá como justificación, que las condiciones del personal eran malas: exceso de trabajo, tareas múltiples, salario inferior al de profesores de otras instituciones y el mismo régimen de vida precario de los alumnos. Eso habría exasperado a los docentes, tornándolos más intolerantes o agresivos que aquellos de escuelas ordinarias, también a cargo del clero y cuyas prácticas tampoco eran ejemplares. Entonces —y aún hoy en algunos casos— la enseñanza impartida por el clero se apoyaba en una pedagogía punitiva. El castigo corporal era la mejor herramienta para doblegar el orgullo infantil y someter al niño a la voluntad de sus mayores y, así, a la voluntad de Dios. De hecho, los castigos corporales eran inherentes a la tarea educativa (todavía funciona así en escuelas de alta reputación), mientras los excesos eran achacados a la naturaleza rebelde de los niños y no al carácter de quien los administraba.
Llevado por la fuerza o con anuencia de los padres... el niño era sometido a un ritual que lo despojaba de su identidad autóctona. Se le cortaba el pelo, su vestimenta era sustituida por uniforme, recibía un nombre cristiano y se le prohibía hablar en su lengua
AGRESIONES SEXUALES. En ocasiones además se añadía la agresión sexual.5 Fue la problemática que se ocultó más tiempo, a pesar de que algunos casos fueron señalados en su momento (en 1889 hubo alegatos sobre violencia sexual en el internado de Rupert’s Island, en Manitoba). Ante la avalancha de testimonios, ahora se reconocen los hechos, aunque se les presenta como casos aislados.
Esto constituye un asunto particularmente embarazoso para el clero porque no puede justificarse, como se ha querido hacer con la negligencia y el maltrato, atribuyéndolos a la pedagogía de la época. Lo mismo ocurrió en otras instituciones administradas por iglesias, como algunos orfanatos, entre ellos el de Mount Cashel, en Terranova, donde decenas de niños sufrieron agresión sexual.6 Se ha buscado explicar la reiteración de esa forma de violencia con base en el celibato del clero católico —factor importante, en efecto—, pero no se explican las agresiones provocadas por miembros de otras iglesias. La impunidad producto del aislamiento y la supervisión deficiente, el control absoluto sobre una población indefensa y el poco valor conferido a las víctimas, favorecieron un clima en que se disponía de los menores a voluntad.
PROBLEMAS DE SALUD. A lo anterior se suma la recurrencia de enfermedades, sobre todo infecciosas, por la pésima higiene y el hacinamiento; la mala alimentación agravaba males como la tuberculosis. Era común la desnutrición, según funcionarios como P. H. Bryce, inspector médico para Asuntos Indios, quien en 1907 calificó las condiciones de salud en los internados de “crimen nacional” y señaló una tasa de mortandad de 15 a 24 por ciento en los establecimientos que supervisaba.
MORTANDAD ELEVADA. Se calcula que hubo entre tres mil y seis mil decesos infantiles. Según la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá (Commission de vérité et réconciliation du Canada), es seguro que más de 4,100 niños perdieron la vida en los internados y otros desaparecieron, mientras sólo entre 1921 y 1965 murieron alrededor de 3,200.
Por su parte, el historiador Jacques Rouillard señala que la tasa de mortalidad entre 1921 y la Segunda Guerra Mundial fue dos veces más alta que en el resto de la población infantil de Canadá, en especial por la tuberculosis. Entre la Segunda Guerra Mundial y 1965, en cambio, no hubo diferencia entre la tasa de mortalidad en ambas poblaciones infantiles en virtud de las campañas de vacunación llevadas a cabo por igual en escuelas autóctonas y no autóctonas. La mayoría de los decesos obedecieron a enfermedad, aunque algunos se atribuyen a intento de fuga o suicidio.
Muchas fuentes subrayan que la malnutrición jugó un papel importante en el número elevado de muertes, y ésta se explica por el muy pobre financiamiento. En algunos casos, sin embargo, el motivo fue otro y puede considerarse siniestro. Entre 1942 y 1952 algunos internados fueron sede de experimentos médicos en los que se planificó la privación de alimentos para entender su aporte nutritivo.7
EL OCASO Y LOS CAMBIOS SOCIALES
A partir de la década de 1940 se operó un cambio en las políticas gubernamentales relacionadas con los pueblos autóctonos. Fueron gradualmente menos agresivas y tendieron a favorecer la negociación entre los pueblos y el Estado, con lo que dejó de ser obligatorio enviar a los menores a un internado o llevarlos a escuelas en o cerca de la reserva. El número de instituciones disminuyó; para 1960 quedaban sólo sesenta, frecuentadas por unos diez mil niños.
En 1958, los inspectores regionales de Asuntos Indios recomendaron su abolición. Once años después, la publicación del Libro blanco de 1969 sobre la política india8 puso fin a los tratados que daban su administración a las iglesias. La mayoría de internados cerraron poco después, y los restantes fueron administrados por personal laico o entregados a las comunidades autóctonas. Para 1979 quedaban sólo doce, con alrededor de 1,200 niños; en 1996 cerró el último.
Publicar el Libro blanco no buscaba poner fin a las atrocidades en los internados; obedecía al deseo de zanjar la cuestión autóctona de una vez por todas. Pretendía abolir todos los documentos legales que concernían a esos pueblos, incluida la Ley sobre los Indios, a fin de asimilarlos en la sociedad. Con ello, los autóctonos pasarían a ser ciudadanos canadienses —aunque perderían privilegios importantes, como derechos sobre sus tierras, compensaciones financieras derivadas de la expropiación de recursos extraídos de ellas y exención fiscal.9
Esta política provocó una reacción sumamente desfavorable, lo que llevó a su anulación en 1970 y además desató el activismo tanto por parte de las comunidades autóctonas como de jóvenes canadienses —muchos estudiantes universitarios— en favor de la preservación de los derechos de los autóctonos. Las nuevas generaciones manifestaron una percepción diferente sobre el asunto, alentada por movimientos internacionales en favor de los derechos de las minorías. Dicha evolución se plasmó en decisiones de los tribunales relativas a cuestiones autóctonas y provocó finalmente la modificación, en 1982, de la Ley Constitucional para Reconocer y Afirmar los Derechos de los Pueblos Indios, Métis e Inuits de Canadá.
Surgió entonces la necesidad de resolver expedientes sobre las injusticias cometidas por el Estado contra miembros de dichas comunidades, entre otras, las de los internados. De este modo, en 1996, el Informe final de la Comisión Real sobre los Pueblos Autóctonos recomendó realizar una investigación abierta sobre las repercusiones físicas y psicológicas en quienes los frecuentaron.
DISCULPAS E INDEMNIZACIÓN
Conforme han salido a la luz los horrores perpetrados contra niños de comunidades autóctonas, el gobierno federal de Canadá y portavoces de iglesias implicadas han pedido disculpas. El 11 de julio de 2008, el entonces primer ministro de Canadá, Stephen Harper, pidió perdón a nombre de los canadienses por los 139 internados censados en Canadá, mientras el 15 de diciembre de 2015 Justin Trudeau, actual primer ministro, pidió perdón a los autóctonos en nombre del gobierno federal.
Asimismo Bill Phipps, moderador de la Iglesia unida de Canadá, pidió perdón por los abusos cometidos en escuelas residenciales durante el siglo XX. El 6 de agosto de 1993, el obispo Michel Peers, primado de la Iglesia anglicana, hizo lo propio por su institución. El 24 de junio de 1991, los Oblatos de María Inmaculada se disculparon por su papel en el sistema de internados —fue una de las órdenes que administraron mayor número. Recientemente, la congregación abrió los documentos relativos a la gestión de sus escuelas para contribuir a identificar restos humanos. Se trata de una orden de misioneros católicos, pero esas disculpas no reflejan el punto de vista oficial de esa iglesia.
En efecto, la Iglesia católica se ha mostrado renuente a excusarse ante víctimas de los internados, pese al pedido expreso de Justin Trudeau al papa Francisco, en 2017. Un año más tarde, el jerarca dijo que era imposible responder a esa petición.
La Confederación de Obispos Católicos de Canadá deslinda a la Iglesia de lo ocurrido en esas instituciones y resalta sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento de los pueblos autóctonos
En cambio, el 31 de mayo de 2021 la Confederación de Obispos Católicos de Canadá publicó un texto en el que deslinda a la Iglesia de lo ocurrido en esas instituciones y resalta los esfuerzos de la misma por “aliviar el sufrimiento de los pueblos autóctonos”. A título personal, sin embargo, el 12 de junio de 2021, el arzobispo de la diócesis de Montreal, monseñor Christian Lépine, pidió perdón.
Con el reconocimiento de los hechos viene la necesidad de indemnizar a las víctimas. En ese sentido, en 2005, el jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), Phil Fontaine —antiguo alumno de un internado—, inició un recurso colectivo contra el gobierno federal por las secuelas de lo sufrido. Un año más tarde, el gobierno federal, representantes legales de antiguos alumnos, la APN, representantes tanto de las comunidades inuits como de las iglesias implicadas firmaron el Convenio de Compensación Relativo a los Internados Indios (CRRPI) para indemnizar a las víctimas de negligencia y maltrato en los 139 que funcionaron entre 1931 y 1996.
El 19 de septiembre de 2007 comenzó la aplicación del CRRPI. Es el mayor reglamento de recurso colectivo en Canadá. Su objetivo es resolver de forma duradera los daños que provocaron esas instituciones; incluye una compensación a quienes las frecuentaron y la oferta de servicios para aliviar las secuelas dejadas por la estancia en ellas. Aunque se trata de un logro importante, muchas organizaciones autóctonas han hecho hincapié en que no basta con una indemnización:
es necesario esclarecer la verdad sobre los hechos y resolver diversos conflictos pendientes entre los autóctonos y el Estado así como, más ampliamente, con el resto de la sociedad.
En ese sentido, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá, que fue creada en el marco del convenio de compensación, publicó en 2015 un informe que incluye 94 acciones y recomendaciones tendientes a favore-cer la reconciliación con los pueblos autóctonos. La conclusión del informe final, publicado en diciembre de 2015, designa los internados como “agentes de genocidio cultural de las Primeras Naciones” y considera necesario un compromiso a fin de favorecer la igualdad de oportunidades para esos pueblos y vislumbrar así una verdadera reconciliación.
EXPEDIENTES ABIERTOS
Resulta curioso que en un momento excepcional en la historia de Canadá, cuando el gobierno federal y diversas organizaciones dan los pasos necesarios para reconciliarse con las comunidades autóctonas, este esfuerzo se vea amenazado por el encono que aún queda en las heridas que dejó el sistema de internados. Varias explicaciones pueden ofrecerse.
Por una parte, resulta difícil esclarecer la verdad sobre un pasado particularmente doloroso sin que surja, al revelarse los hechos, una dosis de rencor y deseo de venganza, al menos simbólica. De ahí que no baste con retirar las estatuas de Macdonald sino que sea necesario, para algunos, bañarlas de pintura roja o destrozarlas. Más serio es el incendio de iglesias católicas ocurrido en días pasados, sobre todo por el riesgo de lesionar o matar a quienes están dentro. Y existe el peligro, al abrir la caja de Pandora del rencor, de echar por tierra los esfuerzos realizados en años recientes para tender puentes entre autóctonos, Estado y sociedad en general.
Por otra parte, la lentitud para conseguir los cambios deseados exacerba el sentimiento de injusticia. En efecto, los avances legislativos no van al mismo ritmo que los deseos colectivos y eso a veces lleva a concluir que se está haciendo poco y no se llegará a ninguna parte. Esto puede provocar que se opte por vías más expeditas para lograr transformaciones. Este fenómeno se aprecia en la paradoja de que, con frecuencia, en momentos de mayor apertura social se den fenómenos inexplicables de gran violencia.
Sin embargo, una de las razones de mayor peso es que existe aún gran cantidad de expedientes abiertos sobre el trato recibido por los autóctonos. Algunos son antiguos, como las adopciones engañosas de niños durante la década de 1950: los hospitales anunciaban la muerte de infantes hospitalizados y los entregaban a familias no autóctonas. Otros están vigentes y se ligan a una mezcla de racismo y vulnerabilidad de la población autóctona. El más importante es el de la desaparición y el asesinato de decenas de mujeres autóctonas durante la última mitad del siglo XX, objeto de una investigación nacional de gran envergadura, sin que se haya resuelto. Otro, bastante espinoso, aborda el maltrato ejercido por policías y miembros del aparato de justicia contra mujeres autóctonas (algunas de ellas víctimas de agresiones sexuales). Recientemente salió a la luz el maltrato a autóctonos en el sistema de salud.
A esto se suman problemáticas con las que deben lidiar cotidianamente funcionarios del Estado y que exacerban la percepción negativa de los pueblos autóctonos. Dichas problemáticas, producto en su mayor parte de las condiciones de aislamiento de las reservas, parecen irresolubles a quienes las enfrentan, comenzando por los propios habitantes: altas tasas de alcoholismo y otras toxicomanías, violencia familiar, además de la tasa más elevada en el mundo de suicidio de adolescentes.
Son condiciones que urge resolver, de un lado y del otro, para lograr una verdadera reconciliación. Sin embargo, quizá lo más difícil sea integrar plenamente a los autóctonos en la sociedad, sin que conlleve el abandono de sus particularidades culturales. En ese sentido, parece alentadora la reciente nominación de Mary Simon como gobernadora general de Canadá. Abogada originaria de Nunavuk y durante largo tiempo defensora de los derechos y la cultura de los inuit, es la primera persona autóctona en representar a la corona británica en 154 años de historia del país. Es un avance colosal, pero que constituye en sí mismo una paradoja.
Se suman problemáticas con las que deben lidiar y que exacerban la percepción negativa de los pueblos autóctonos: altas tasas de alcoholismo y otras toxicomanías, violencia familiar, además de la tasa más elevada en el mundo de suicidio de adolescentes
Notas
1 John Alexander Macdonald (1815-1891) es considerado uno de los Padres de la Confederación de Canadá. Fue dos veces primer ministro y también se desempeñó como superintendente general de Asuntos Indios.
2 Hasta hoy, ha sido imposible determinar el número de decesos, pues muy pocos documentos al respecto han salido a la luz, y en el siglo XIX era todavía costumbre inhumar a quienes fallecían en establecimientos administrados por el clero, en cementerios que disponían en sus propios terrenos.
3 Los colonos consideraban que los autóctonos no poseían una cultura, solamente tradiciones tribales, pues había según ellos una contradicción entre su condición de salvajes y la noción de cultura, inherente a la gente civilizada. Igualmente, no reconocían distinciones entre los diversos pueblos autóctonos: para ellos todos eran “indios”.
4 Los métis son un grupo surgido en tiempos de la trata de pieles (siglo XVI a XVIII) a las orillas del Río Rojo. Antiguamente conocidos como el Pueblo de las Praderas o como la “gente libre”, son producto del mestizaje entre mujeres de las Primeras Naciones, principalmente cree y denés, y comerciantes de pieles de origen europeo. La mayor parte vive en las Praderas del Oeste, pero también en algunas regiones de Columbia Británica y, en Estados Unidos, en Dakota del Norte y Montana.
5 El término agresión sexual, en este texto, incluye toda forma de situación en que se impone a otro una manifestación de la sexualidad de manera no consensual. Con los menores siempre es el caso, pues no tienen edad de consentimiento. No empleamos el término abuso sexual porque el concepto de abuso implica que hay una parte aceptable en la práctica a que se hace referencia. Por ejemplo cuando se habla de abusar del alcohol, implícitamente se acepta que no es la práctica lo que resulta censurable sino su exceso.
6 Cabe señalar que la historia de los orfanatos constituye otra de las páginas vergonzosas de Canadá. Las condiciones de vida eran muy similares a las de los internados autóctonos, así que en ellos también se ejerció el maltrato sistemático y la recurrencia de agresiones sexuales.
7 En 2018 se solicitó un recurso colectivo en Saskatchewan contra el gobierno federal por la utilización de autóctonos en experimentos médicos.
8 Un Libro blanco es el análisis de fondo que se presenta al Parlamento con el fin de impulsar la modificación de políticas gubernamentales y de leyes relativas a la cuestión estudiada. El Libro blanco de 1969 lleva el nombre oficial de La politique indienne du gouvernement du Canada (La política india del gobierno de Canadá) y fue presentado al Parlamento por Jean Chrétien, entonces ministro de Asuntos autóctonos, y Pierre Elliott Trudeau, entonces primer ministro de Canadá.
9 En sentido estricto, el estatuto de autóctono contraviene la Constitución canadiense, que subraya la igualdad entre ciudadanos. Asimismo, los privilegios a que da lugar son discriminatorios del resto de la población.
Referencias
Fondation autochtone de l’espoir. 100 ans de pertes. Le régime des pensionnats au Canada. Disponible en www.bctf.ca
Gobierno de Canadá, Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Pensionnats du Canada : L’histoire, partie 1, des origines à 1939 (volumen 1), 15 de diciembre, 2015, 1056 pp.
Jules Jetté, “Une école de sauvages”, Revue canadienne, 1891, pp. 286-298.
Jacques Rouillard, “Le génocide des autochtones”, Le Devoir, 3 de julio, 2021.
ADRIANA PACHECO (Ciudad de México, 1960) es doctora en criminología por la Universidad de Montreal. Trabaja principalmente en asuntos de violencia contra menores en contexto religioso. Vive en Montreal, Canadá.
