El pasado 23 de abril una imagen irrumpió en la celebración del Día Mundial del Libro. De pronto, entre las recomendaciones de lecturas favoritas, carteles de presentaciones editoriales y citas de clásicos literarios que inundaban timelines y feeds, aparecieron unas letras en un negro y rojo contundentes: “Sin una vida digna para los trabajadores y trabajadoras del libro, ¿para qué queremos capital mundial del libro?”
LA PROTESTA DIGITAL se refería al nombramiento que recibió Guadalajara para este 2022 por parte de la UNESCO, una distinción que no sólo reconoce las contribuciones de una ciudad al ámbito de los libros, sino que la obliga a llevar a cabo actividades de fomento a la lectura enfocadas, sobre todo, al cambio social. Así lo define la propia UNESCO en su sitio web. Los gobiernos de Guadalajara y Jalisco, por su parte, se comprometieron a desarrollar un programa para llevar los libros a la mayor cantidad de barrios y municipios de la ciudad y el estado. Todo eso está muy bien, pero ¿dónde quedan las personas que hacen posible que los libros circulen en esas calles? Me atrevo a sumar otro cuestionamiento: ¿cómo podemos lograr un cambio social a través de los libros y la cultura si no atendemos la precariedad en la que vivimos quienes hacemos la cultura?
“La pregunta es qué tanto podemos festejar la capitalidad del libro en un momento de crisis muy fuerte”, me comparte en entrevista Carlos Armenta. Como fundador y editor en jefe de Impronta Casa Editora conoce muy bien cómo se vive toda la cadena del libro, pues se trata de un espacio que conjuga no únicamente el trabajo editorial, sino también una imprenta y una librería. “La edición, y no sólo en Guadalajara sino en todo el país, pasa por muchos problemas y desde hace décadas —continúa—, entonces, ¿qué tanto de los fondos que se usarán [...] podrían también de alguna manera usarse para incentivar y dar una vida digna a los editores? No se trata de sanearla a billetazos, pero es algo que no está en las mesas de diálogo [...] Para mí lo más importante en la producción del libro es que nos pueda dar una vida digna a todos, tanto a los que escriben y editan, como a los que imprimen, ilustran, diseñan y traducen”.
LO MISMO PUEDE DECIRSE de todos los sectores que integran las industrias culturales y creativas. No hay en México condiciones dignas para todas las manos que sostienen la producción cultural con su trabajo. Al anunciar el inicio de las actividades de Guadalajara Capital Mundial del Libro se lanzó también el eslogan “Jalisco, estado de creadores y lectores”, muy sintomático de cómo se perciben e implementan las estrategias de cultura en nuestro país. Entre el creador y el lector —o el público, para decirlo más ampliamente— hay una cadena de profesionales que son, ni más ni menos, quienes posibilitan que un producto cultural sea difundido y disfrutado. Sin embargo, las autoridades —desde el nivel federal hasta el estatal, regional y local— enfocan todos sus esfuerzos en apoyar la creación o la realización de actividades y eventos que, si bien son importantes y necesarios, dejan fuera una deuda urgente: la verdadera construcción de política pública en materia de cultura, sobre todo enfocada a garantizar que quienes nos dedicamos a ella podamos vivir, y bien, de nuestro propio quehacer.
Desde luego que la labor de editores, curadores, gestores, investigadores, museógrafos, impresores y el largo etcétera que podemos encontrar bajo el gran rubro trabajadores de la cultura no sería posible sin los artistas, escritores, coreógrafos, bailarines, actores y demás figuras del ámbito de la creación. Pero tampoco viceversa. Debemos comenzar a entender que todos formamos parte de un mismo ecosistema. Y, sobre todo, lo debe entender la autoridad. Han anunciado, por ejemplo, nuevas iniciativas muy loables para ofrecer seguridad social a artistas a través de un novedoso programa del IMSS. Lo celebro porque sé la falta que hace, pero ¿dónde quedan los trabajadores de las propias instituciones culturales del Estado que son contratados bajo esquemas más irregulares que el outsourcing que —con justa razón— se está buscando erradicar? (El buen juez por su casa empieza, dicen). Todas esas personas cumplen con funciones elementales, desde el trabajo en las oficinas de dependencias federales hasta la operación diaria de los recintos que tanto celebran nuestros funcionarios en actos, comunicados de prensa y redes sociales. Me pregunto cuántos gestionarán esos seguros para artistas trabajando bajo un contrato de Capítulo 3000 y, por lo tanto, sin contar ellos mismos con seguridad social ni los derechos laborales más básicos... La ironía es hasta perversa.
LA SITUACIÓN no es más alentadora para quienes, ante la vulnerabilidad de los puestos de trabajo institucionales, hemos decidido irnos por la libre. Cuando tomé la decisión de trabajar como freelance recuerdo que un amigo me decía que ser historiadora del arte independiente era muy temerario. En realidad, dedicarse a la cultura en este país en cualquier circunstancia ya lo es. Pero mi lógica era ésta: si de cualquier modo no voy a tener seguro social ni me van a garantizar que voy a recibir mis pagos en tiempo y forma, prefiero trabajar en mi casa. Dicho de otro modo, si de cualquier forma voy a vivir al día, al menos que sea en mis propios términos. Lo cierto es que no debería ser así, ni para creadores ni para trabajadores de la cultura. Y tampoco olvidemos en esta ecuación las ramas de las ciencias sociales (historia, antropología, arqueología...) cuyas posibilidades laborales son aún más limitadas.
Aquí debo volver nuevamente a un tema que ya he expuesto en estas páginas: que la cultura no debe ensuciarse con el dinero. La cultura por supuesto que debe operar en términos ajenos al lucro, pero eso no significa que quienes nos dedicamos al trabajo cultural debamos vivir de manera poco digna por ello. Tampoco que nuestros derechos humanos sean vulnerados. Es una conversación que debemos empezar a tener, trabajadores, creadores y autoridades en conjunto.
