Un juez federal ordenó la aprehensión del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y desvío de recursos públicos por cerca de tres mil millones de pesos.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, giró la orden de aprehensión a partir de la petición que realizó la Fiscalía General de la República (FGR). La investigación refiere la participación de las denominadas empresas “factureras” que supuestamente están relacionadas con el despacho contable de Álvarez Puga.
Según las indagatorias, las presuntas anomalías tienen su origen desde la administración federal anterior, con Miguel Osorio al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob). Supuestamente, durante ese periodo a dichas factureras se les otorgaron licitaciones para triangular recursos por hasta dos mil 950 millones de pesos.
Hace dos años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció el delito de lavado de dinero por parte de Juan Manuel Flores Athié, titular de la Unidad de Finanzas y Administración de Segob en el sexenio pasado, así como a 17 personas físicas y morales, por lavado.
Sin embargo, en el caso de Álvarez Puga y su esposa, quienes se encuentran fuera del país, uno de los delitos imputados —delincuencia organizada— prevé la prisión preventiva oficiosa, lo que impide llevar el proceso en libertad. El hermano de Víctor Manuel, Luis Eduardo Álvarez Puga, se amparó para evitar ser detenido.
Al cierre del sexenio pasado, Gómez Mont concretó un acuerdo para reparar los daños y pagos pendientes al SAT, mediante el cual pagaría 10.9 millones de pesos, supuestamente a cambio de que se archivara una investigación abierta por defraudación fiscal.
En 2016 Inés Gómez Mont fue señalada de presunto enriquecimiento ilícito y también evitó un juicio por evasión fiscal al pagarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 10 millones 967 mil pesos por contribuciones omitidas.
No obstante, el director de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría de la Federación determinó improcedente el acuerdo al que se había llegado con la conductora, lo cual derivó en citaciones, amparos y alegatos.
Por ejemplo, el 3 de junio pasado una jueza federal le concedió un amparo a Inés Gómez Mont para evitar que la FGR ejerciera acción penal en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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